Organizaciones judiciales y partidos políticos piden la detención del juez federal de Rosario, Eduardo Salmain, tras la denuncia de una supuesta maniobra que habría favorecido la compra de US$10?millones al margen del cepo cambiario y una presunta coima de US$200?mil. El caso reaviva el debate sobre la impunidad y la corrupción en la justicia federal.

Antecedentes

El juez federal Eduardo Salmain, a cargo del Juzgado Federal N°?1 de Rosario, ha sido señalado por diversos actores políticos y judiciales como responsable de una serie de decisiones que favorecerían a un financista de la órbita del Partido Justicialista, cuyo nombre se ha mantenido bajo reserva para evitar posibles difamaciones.

Acusaciones principales

Según la denuncia presentada por la Asociación de Defensa del Consumidor y el grupo parlamentario de la oposición, el magistrado habría autorizado la compra de US$10?millones en el exterior sin cumplir con las regulaciones del cepo cambiario vigente. El cepo es el conjunto de restricciones que el Estado impone a la compra y venta de divisas para controlar la fuga de capitales.

Asimismo, se le imputa solicitar una coima de US$200?mil a cambio de favores judiciales. La coima, entendida como soborno, estaría vinculada a la gestión del expediente que permitía la transferencia de fondos fuera del país.

Reacciones institucionales

El Consejo de la Magistratura, bajo presión, ha abierto una causa de investigación y ha remitido la solicitud de detención preventiva a la Fiscalía Federal. Varios fiscales han manifestado que “existen suficientes indicios para iniciar un procesamiento penal por abuso de función y corrupción”.

Partidos políticos de la oposición han convocado manifestaciones en Rosario y Buenos Aires, exigiendo “la renuncia inmediata del juez y su procesamiento sin dilación”.

Contexto de la justicia federal

El caso se inserta en una serie de denuncias que apuntan a la posible infiltración del poder judicial por intereses económicos y políticos. En los últimos años, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para reforzar la independencia judicial, pero el caso Salmain pone en evidencia la necesidad de una mayor fiscalización.

Implicancias económicas

Si se confirma la maniobra, la transgresión al cepo podría repercutir en la confianza de los inversores y agravar la volatilidad del mercado cambiario argentino. La compra de US$10?millones al margen del control oficial representa una brecha significativa en la política cambiaria que, de persistir, podría afectar la balanza de pagos.

Próximos pasos

Se espera que la Fiscalía presente cargos formales en los próximos días. Mientras tanto, la unidad de protección de testigos ha puesto en alerta a los denunciantes, y la comunidad jurídica sigue atenta al desarrollo del proceso.

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