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13/11/2025 09:47 • POLITICA • POLITICA
El 12 de noviembre de 2025 el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Santa Fe solicitó formalmente la detención de un juez federal que actúa en la ciudad de Rosario. La acusación se sustenta en la presunta exigencia de una coima (soborno) por un monto de US$200.000 a cambio de dictar sentencias favorables a intereses vinculados al Partido Justicialista (PJ).
En el lenguaje jurídico argentino, una coima es el pago ilícito que se ofrece a un funcionario público para que realice una acción contraria a sus deberes legales. En el caso de la justicia, el soborno compromete la imparcialidad del juez y vulnera la garantía constitucional de un juicio justo.
El pedido de detención se basa en pruebas recabadas por la Oficina de Investigación y Prevención de Delitos (OIPD) y en testimonios de testigos que señalarían al juez como intermediario de la transacción. Asimismo, se registró la publicada por Clarín. En paralelo, se realizó una redada en la sede del juez ubicada en el centro de Rosario, donde la policía allanó el despacho y retuvo documentación vinculada al caso.
Este caso se suma a una serie de investigaciones que apuntan a la corrupción en el poder judicial argentino. Recientemente, la prensa informó sobre la detención y allanamiento del despacho del juez Salmain, acusado de avalar una compra de US$10?millones fuera del cepo cambiario (La Nación). Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio del poder ejecutivo y judicial para combatir la impunidad y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Los representantes del PJ han denunciado una posible persecución política, mientras que organizaciones de la sociedad civil han exigido una investigación transparente y sin interferencias. La opinión pública sigue dividida, pero la mayor parte de los analistas coinciden en que la transparencia en el proceso será clave para preservar la credibilidad del sistema judicial.
El juez será citado a presentarse ante la Cámara Federal de Rosario para que se le informe de la solicitud de detención y se le brinde la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Mientras tanto, la investigación continúa recopilando evidencias que podrían culminar en una causa penal por asociación ilícita y coima.