Una denuncia pública señala posibles irregularidades en la reciente venta de un predio ubicado en Puerto Madero que pertenecía al Comando de Ciberdefensa. El caso ha despertado el interés de la oposición y de organismos de control, que exigen claridad y una investigación exhaustiva sobre los términos de la operación.

Antecedentes del predio

El predio en cuestión se encuentra en el exclusivo barrio de Puerto Madero, una zona estratégica por su proximidad al centro financiero y a la ribera del Río de la Plata. Hasta hace poco, la propiedad era titular del Comando de Ciberdefensa del Estado, entidad encargada de proteger la infraestructura digital nacional.

La denuncia

Según informó el portal Ambito, diversas fuentes externas y representantes de la sociedad civil presentaron una denuncia que apunta a una serie de irregularidades en el proceso de venta. Entre los señalamientos destacan la falta de una licitación pública, la ausencia de criterios de valoración claros y la posible participación de empresas vinculadas a funcionarios de alto rango.

Reacciones institucionales

El Ministerio de Defensa, responsable del Comando de Ciberdefensa, indicó que la operación se realizó dentro del marco legal vigente y que no se detectó ninguna anomalía administrativa. Sin embargo, la Oficina Anticorrupción ha sido notificada y anunció que iniciará una investigación para determinar si existieron actos de conflicto de interés o enriquecimiento ilícito.

Impacto y contexto

El caso se produce en un momento de creciente escrutinio sobre la gestión de activos estatales y la transparencia en las transacciones inmobiliarias del sector público. La venta de terrenos en Puerto Madero ha sido históricamente objeto de polémica, dada la alta valorización del área y su relevancia para la planificación urbana de Buenos Aires.

Próximos pasos

Se espera que la Oficina Anticorrupción emita un dictamen preliminar en las próximas semanas. Mientras tanto, la oposición parlamentaria ha solicitado al Congreso la creación de una comisión investigadora para evaluar el procedimiento completo y, de ser necesario, proponer reformas al marco regulatorio que rige la enajenación de bienes del Estado.

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