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20/11/2025 13:03 • ECONOMIA • ECONOMIA
YPF S.A. es la mayor empresa energética de Argentina. En 2012 el gobierno argentino, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizó la compañía, expropiando la participación de la española Repsol. La medida desencadenó una larga disputa legal con los accionistas y bonistas que habían financiado la compra.
El 13 de marzo de 2026 la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York fijó la fecha para la audiencia en la que Argentina deberá exponer sus argumentos de apelación ante la sentencia que ordenó la entrega de acciones de YPF a los inversores ganadores del arbitraje internacional. La audiencia forma parte de la fase de apelación que sigue al fallo original dictado en 2024.
Una apelación es el recurso legal mediante el cual una parte impugnada solicita a un tribunal de nivel superior que revise la decisión de un juzgador inferior, argumentando errores de hecho o de derecho. En este caso, Argentina busca revertir o modificar la orden de entrega de acciones.
Si la corte mantiene la sentencia, Argentina tendría que transferir una porción significativa de acciones de YPF, lo que impactaría sus reservas de divisas y la percepción internacional sobre la seguridad jurídica del país. El gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, ha subrayado la importancia de defender la soberanía energética y evitar una pérdida de patrimonio nacional.
Durante la audiencia de marzo, los abogados argentinos presentarán pruebas y argumentos que intentan demostrar que la nacionalización fue legal y que el proceso de arbitraje violó normas de la legislación argentina. Tras la presentación, la corte emitirá una nueva resolución que definirá el destino final de las acciones en disputa.
Los fondos internacionales que lideraron la demanda, entre ellos BlackRock y Goldman Sachs, han manifestado confianza en que el proceso judicial seguirá su curso y que la sentencia será respetada.