El Ministerio de Economía confirmó que, desde el 1 de diciembre, las tarifas de electricidad y gas natural aumentarán en promedio un 2,8?%. La medida, respaldada por la ENRE, incluye nuevos cuadros tarifarios con variaciones según zona y consumo, pero mantiene subsidios para los hogares más vulnerables.

Contexto del ajuste tarifario

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, anunció el 1 de diciembre de 2025 la oficialización de las nuevas tarifas de electricidad y gas natural que regirán en todo el país. La medida se sustenta en la actualización de los cuadros tarifarios aprobados por la autoridad reguladora (ENRE), que reflejan los costos de producción, transporte y distribución de los servicios.

Nuevo cuadro tarifario

Los cuadros tarifarios son tablas que detallan los precios por kilovatio?hora y por metro cúbico según la categoría de consumo (residencial, comercial, industrial). Con la última resolución, el ajuste promedio nacional se ubica en un 2,8?% de aumento respecto a la tarifa vigente. El porcentaje exacto varía según la zona y el nivel de consumo, pero la medida busca proteger a los usuarios vulnerables mediante tarifas sociales y subsidios.

Impacto para los usuarios

Para una familia típica que consume 300?kWh al mes, la suba representa un incremento aproximado de AR$?150 en la factura de luz. En el caso del gas, un consumo medio de 30?m³ genera un aumento de alrededor de AR$?120. Estas cifras son referenciales y pueden cambiar según la ubicación y el tipo de contrato. El Gobierno reiteró su compromiso de mantener los subsidios para los hogares de menores ingresos y anunció la revisión de los bonos de energía en los próximos meses.

Reacciones y perspectivas

Los sindicatos de trabajadores del sector energético solicitaron una revisión más profunda de los costos operativos, mientras que los consumidores expresaron preocupación por el impacto en el costo de vida. Analistas del mercado financiero señalan que la actualización de tarifas es una medida necesaria para equilibrar el déficit de las empresas distribuidoras y garantizar la continuidad del suministro.