La Corte Penal Internacional anunció el cierre de su oficina en Caracas, argumentando la ausencia de avances tangibles en la investigación de crímenes cometidos en Venezuela. La medida genera tensiones con el gobierno venezolano y provoca respuestas enérgicas de Argentina y de la administración de Javier?Milei, que han solicitado acciones judiciales contra Nicolás?Maduro y altos funcionarios del chavismo.

Antecedentes y razón del cierre

La Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal permanente de la ONU encargado de juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, abrió una oficina en Caracas en 2022 para facilitar investigaciones sobre presuntos abusos cometidos durante la crisis venezolana. Sin embargo, los funcionarios de la CPI indicaron que, a la fecha, no se había registrado "progreso real" en la recopilación de pruebas ni en la cooperación de las autoridades locales.

Decisión de la CPI

En una declaración oficial, la CPI explicó que la falta de acceso a fuentes clave, la obstrucción de pruebas y la ausencia de garantías de seguridad para testigos impiden avanzar en los procesos judiciales. Ante esta situación, la Corte optó por cerrar temporalmente la oficina de Caracas, manteniendo la operación desde su sede en La Haya y sustituyéndola con oficinas regionales en Colombia y Brasil.

Reacciones de los gobiernos y la oposición

El gobierno argentino, que ha impulsado la petición de una "acción inmediata" contra los máximos dirigentes venezolanos, calificó el cierre como una "prueba más" de la impunidad del régimen de Nicolás?Maduro. La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina exhortó a la CPI a emitir órdenes de arresto contra Maduro y el exvicepresidente Diosdado?Cabello.

Por su parte, el presidente argentino Javier?Milei, en una entrevista en La Haya, solicitó que se activaran de forma prioritaria las órdenes de captura ya emitidas por la CPI. Milei acusó al gobierno de Caracas de ser "falso defensor de los derechos humanos" y reiteró su compromiso con la rendición de cuentas internacional.

Impacto y perspectivas

El cierre de la oficina caribeña no implica la suspensión de las investigaciones; la CPI mantiene su mandato y continuará recopilando información a través de sus delegados en la región. Expertos señalan que la medida podría intensificar la presión diplomática sobre Venezuela, pero también advierten que la falta de un punto de contacto directo en el país dificulta la entrega de pruebas y la protección de testigos.

El caso sigue abierto y la comunidad internacional observa atentamente los próximos pasos de la Corte y de los gobiernos que buscan garantizar la justicia para las víctimas de la crisis venezolana.