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02/12/2025 12:04 • POLITICA • POLITICA
La denominada “Causa Cuadernos de las Coimas” se originó en 2018 cuando el exdirector de obras públicas, Oscar Centeno, entregó a la justicia una serie de libretas que detallaban presuntos pagos de sobornos a funcionarios y empresarios vinculados al gobierno de Cristina?Fernández de?Kirchner (2011?2015). Desde entonces, la investigación ha implicado a decenas de personas, entre ellas altos funcionarios, empresarios del sector de la construcción y políticos de la coalición oficial.
En la sesión inaugural del nuevo período procesal, la Corte Federal del Juzgado 2 de la Capital Federal recibió a los imputados que deben responder por los pagos indicados en los cuadernos. Entre ellos se encuentra la expresidenta Cristina?Fernández de?Kirchner, quien será citada para rendir declaración bajo juramento. La fiscalía, encabezada por la Fiscal Lidia?Alphonso, solicitó al tribunal que el juicio avance con mayor celeridad, argumentando que la demora compromete la eficacia de la investigación y la confianza ciudadana.
Los jueces del panel manifestaron diferencias sobre la modalidad de la declaración: algunos abogan por la presencialidad plena en la sala de audiencias, mientras que otros consideran la posibilidad de una comparecencia virtual, alegando seguridad y logística. La discusión se intensificó tras la reciente denuncia del exsecretario de obra pública, Ariel?Centeno, cuyo testimonio escrito fue incorporado al expediente la semana pasada.
Paralelamente, la fiscalía amplió el acopio de pruebas con documentos adicionales que vinculan a varios funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y a empresarios del sector energético. Estas nuevas acusaciones fueron presentadas en la audiencia, lo que amplía el alcance del proceso y aumenta la presión sobre los acusados para que comparezcan.
El tribunal fijó la fecha del segundo turno de audiencias para el 9 de diciembre de 2025, cuando se espera que la expresidenta y los demás imputados declaren. La Fiscal Alphonso reiteró la solicitud de que el juicio se desarrolle sin dilaciones y que se garantice la presencia física de todos los involucrados.
El caso sigue generando intenso debate en la esfera pública y en los medios. Organizaciones defensoras de la transparencia consideran que la pronta resolución del proceso es esencial para combatir la corrupción estructural en el país. Por su parte, sectores aliados a la expresidenta califican la medida como una persecución política.