El gobierno de Javier?Milei presentó un ambicioso proyecto de reforma laboral que propone reducir sustancialmente las indemnizaciones por despido, rebajar los aportes patronales y establecer límites en las vacaciones de verano. Las medidas, reveladas por la ministra Patricia?Bullrich, buscan flexibilizar el mercado de trabajo y disminuir los costos para las empresas, pero generan intensos debates entre sindicatos y analistas económicos.

Principales medidas del proyecto

Reducción de indemnizaciones: el cálculo pasará de un mes de sueldo por año trabajado a 15 días, con un techo máximo de 12 meses de salario. Esta medida busca limitar el gasto de los empleadores en casos de despido injustificado.

Aportes patronales: se propone una rebaja gradual del aporte total, que actualmente ronda el 27% del salario, a un rango entre 20% y 22% según el sector. La reducción incluye cotizaciones a la seguridad social y al fondo de desempleo.

Banco de horas: se institucionaliza la posibilidad de acumular horas extras para compensarlas con tiempo libre, evitando el pago de sobretiempo adicional.

Vacaciones de verano limitadas: el periodo máximo de goce se fija en 30 días corridos, con la opción de fraccionar el descanso para evitar ausencias prolongadas en la temporada alta.

Salario mínimo: se plantea una indexación automática trimestral vinculada a la inflación y al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Impacto en salarios y costos empresariales

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, la combinación de menores indemnizaciones y aportes patronales podría reducir en un 6%?8% los costos laborales totales. Para los empleados, la protección frente a despidos se verá limitada, aunque la revisión del salario mínimo podría compensar parcialmente la pérdida de derechos.

Reacciones y contexto político

La ministra Patricia?Bullrich, quien encabezó la presentación del proyecto, afirmó que la reforma es “esencial para generar empleo y mejorar la competitividad”. Por su parte, los principales sindicatos denunciaron una “erosión de derechos laborales” y convocaron a protestas.

El proyecto sigue en debate en el Congreso, donde deberá ser aprobado por ambas cámaras antes de su implementación. Expertos señalan que la reforma podría marcar un punto de inflexión en la política económica argentina, alineándose con las medidas de liberalización promovidas por el actual gobierno.