El tribunal de la Ciudad de Buenos Aires autorizó a Burford Capital solicitar a 21 funcionarios del Gobierno la entrega de los contenidos de sus teléfonos móviles y conversaciones de WhatsApp, información clave para el proceso judicial que persigue el pago de una deuda de más de 1.500 millones de dólares contra la petrolera estatal YPF.

Antecedentes del conflicto YPF

YPF, la empresa estatal de energía y petróleo, enfrenta una demanda internacional que reclama el pago de una deuda acumulada desde 2012, la cual superó los 1.500 millones de dólares. La controversia se originó tras la venta de la compañía a inversores privados y la posterior recaudación de impuestos que, según los demandantes, no se realizaron de forma completa.

Burford Capital y la solicitud de datos

Burford Capital, firma de financiación de litigios que apoya a los demandantes en el caso contra Argentina, solicitó al juzgado que ordene a los funcionarios entregar los registros de sus dispositivos móviles y los historiales de conversaciones de la aplicación de mensajería WhatsApp. La petición se basa en la necesidad de demostrar la existencia de comunicaciones que podrían evidenciar la toma de decisiones relacionadas con la gestión de YPF y la afectación de la deuda.

¿Qué es Burford Capital?

Burford es una empresa de capital de litigios que invierte en procesos judiciales a cambio de una parte de la indemnización obtenida. Su participación en el caso YPF busca asegurar la recuperación de los recursos reclamados por los demandantes.

¿Qué implica WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que permite el intercambio de textos, imágenes y documentos. Las conversaciones mantenidas en esta plataforma pueden considerarse pruebas electrónicas relevantes en procesos judiciales.

Los 21 funcionarios involucrados

El juez determinó que la lista incluye a ex y actuales ministros, subsecretarios y asesores de áreas estratégicas como energía, finanzas y relaciones exteriores. La información requerida comprende:

• Copias de los mensajes de texto, audios y archivos enviados y recibidos.
• Registros de llamadas y contactos almacenados.
• Datos de ubicación geográfica de los dispositivos durante los periodos críticos del caso.

Reacciones y consecuencias

Los funcionarios citados han manifestado su disposición a colaborar, pero también han señalado la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de la información personal y de seguridad nacional. Organizaciones de derechos civiles advierten sobre los riesgos de una amplia recolección de datos sin garantías suficientes.

El tribunal fijó un plazo de diez días hábiles para que los implicados entreguen la información solicitada. De no cumplirse, podrían imponerse sanciones que incluyen multas y medidas coercitivas.

Perspectivas del proceso

Con la obtención de los mensajes de WhatsApp y los contenidos de los celulares, los demandantes esperan reforzar su argumento de que ciertas decisiones del Gobierno favorecieron la elusión de pagos a la deuda de YPF. El resultado de esta fase determinará en gran medida la estrategia de defensa del Estado y la posible resolución del litigio, que podría culminar en un acuerdo o en una sentencia definitiva que impacte la economía nacional.