Los principales fondos que están litigando contra el Estado argentino por la venta de YPF exigen que el exministro Luis Caputo y el exsecretario Germán Quirno entreguen los mensajes de sus cuentas de WhatsApp, además de información de los teléfonos de 21 funcionarios del gobierno, en una nueva fase del proceso judicial que podría redefinir la responsabilidad del país.

Antecedentes del juicio por YPF

El conflicto judicial entre el Gobierno argentino y varios fondos de inversión internacionales arranca desde 2021, cuando se presentó la demanda por la supuesta infracción de los términos de la privatización de YPF en 1999. Los demandantes alegan que el Estado no cumplió adecuadamente con las garantías contractuales, lo que provocó pérdidas millonarias.

Exigencias de los fondos demandantes

En una reciente presentación de pruebas, los fondos, entre los que se destaca Burford Capital, solicitaron formalmente que se entreguen los chats de WhatsApp de Luis Caputo y Germán Quirno, quienes ocupaban cargos de gran influencia durante la reestructuración del sector energético. La petición está respaldada por la fecha 9 de diciembre de 2025, cuando se envió la solicitud al juzgado.

Información requerida de 21 funcionarios

Además, los demandantes han identificado a 21 funcionarios del gobierno que, según ellos, poseen datos relevantes en sus dispositivos móviles y cuentas de mensajería. La lista incluye a exministros, subsecretarios y asesores que participaron en decisiones estratégicas relacionadas con YPF. Entre los nombres señalados se encuentran María Garay, Javier Ledesma y Patricia Ríos, entre otros.

Posibles repercusiones

Si el tribunal ordena la entrega de los mensajes, el Gobierno podría verse expuesto a revelaciones que impacten tanto en la política interna como en la percepción internacional de la gestión argentina. Los analistas advierten que la divulgación de estos chats podría generar una nueva oleada de debate público y presiones diplomáticas.

Reacciones del Gobierno

Portavoz del Ministerio de Justicia, Claudio Rojas, calificó la medida como una “exageración” de los demandantes y señaló que el Estado ya ha colaborado con la justicia en múltiples oportunidades. Sin embargo, reconoció la necesidad de evaluar la solicitud bajo el marco legal vigente.