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12/12/2025 00:03 • POLITICA • POLITICA
En una rueda de prensa emitida este lunes, el presidente de la República, acompañado del Canciller, indicó que la autorización concedida por el Reino Unido para iniciar la explotación de hidrocarburos en una cuenca offshore al norte de las Islas Malvinas es "ilegal e ilegítima" bajo cualquier normativa internacional. Señalaron que la actividad vulnera la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la soberanía argentina sobre el territorio.
Las Islas Malvinas, objeto de una disputa de soberanía desde 1982, aparecen en los mapas de ambos países. Argentina sostiene que cualquier proyecto de extracción de recursos naturales en la zona requiere su consentimiento previo, mientras que el Reino Unido, que administra de facto la archipiélago, ha otorgado recientemente permisos a una compañía internacional para desarrollar un yacimiento offshore.
El Departamento de Energía británico confirmó la autorización de un proyecto offshore que incluirá la instalación de varias plataformas de perforación y la construcción de infraestructura de transporte marítimo. La empresa involucrada, con capital israelí, busca extraer petróleo a una profundidad de aproximadamente 2.000 metros bajo el lecho marino.
El gobierno señaló que evaluará todas las vías legales y diplomáticas a su alcance, incluyendo la presentación de quejas ante la Corte Internacional de Justicia y la convocatoria de foros multilaterales para denunciar la "explotación unilateral". Además, se anunciaron planes para reforzar la presencia naval en la zona y lanzar campañas de información internacional.
Los expertos estiman que la cuenca podría albergar entre 200 y 500 millones de barriles de petróleo, lo que representaría un potencial significativo para la economía regional. Sin embargo, organizaciones ecologistas alertan sobre los riesgos de derrames y la afectación de la biodiversidad marina, instando a una evaluación de impacto ambiental rigurosa antes de cualquier operación.
Varios países de América Latina expresaron su apoyo a la posición argentina, mientras que naciones aliadas del Reino Unido reiteraron su respaldo a la legalidad del permiso otorgado. La disputa vuelve a colocar en el foco la cuestión de la soberanía y el derecho internacional en la Cuenca del Atlántico Sur.