Un tribunal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una medida cautelar que obliga a una empresa de turismo a eliminar cualquier mención que describa a las Islas Malvinas como territorio británico, reforzando la posición de soberanía argentina ante la difusión comercial.

Antecedentes y la sentencia judicial

El Juzgado Federal N°?2 de la Capital Federal, conocido como la “justicia porteña”, emitió una orden judicial que prohíbe a la agencia de viajes Cruceros del Sur (nombre ficticio para proteger la identidad) utilizar la denominación "territorio británico" en cualquier material promocional que incluya a las Islas Malvinas. La medida tiene carácter de urgencia y se sustenta en la normativa que protege la integridad territorial y la imagen institucional del país.

¿Por qué es relevante la forma de nombrar a las Malvinas?

Las Islas Malvinas son objeto de una disputa de soberanía que data de 1833, cuando el Reino Unido tomó posesión de ellas. Argentina reclama la soberanía desde 1820 y el conflicto se intensificó con la guerra de 1982. En la legislación argentina, el uso de la expresión "territorio británico" está prohibido en contextos oficiales y publicitarios, ya que se interpreta como una vulneración del derecho interno y una posible propaganda externa.

Impacto en la industria del turismo

La decisión obliga a la empresa a revisar y corregir todas sus campañas, tanto en medios impresos como digitales. De no hacerlo, la empresa podría enfrentar multas que superan los US$ 100.000 y la posibilidad de ser sancionada con la suspensión de sus actividades comerciales en la jurisdicción federal.

Reacciones de los actores involucrados

El representante legal de la agencia manifestó que revisará inmediatamente los contenidos y que "respetará la sentencia judicial". Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reiteró la posición del Gobierno argentino: "Cualquier intento de legitimar la denominación británica constituye una vulneración de la soberanía nacional".

Contexto internacional

El caso se inserta en un contexto de creciente presión internacional para que los países respeten las decisiones judiciales internas en temas de territorio. Organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos latinoamericanos han expresado su apoyo a la postura argentina.

Conclusión

Esta resolución judicial refuerza la política de cero tolerancia frente a la desnaturalización de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y envía una señal clara al sector privado: la propaganda comercial debe alinearse con la legislación nacional.