La reconocida directora del Ballet Salta, Marina Jiménez, fue sentenciada a diez años de cárcel por abusar sexualmente de su propio nieto. El fallo, dictado en 2025, ha generado polémica y debate sobre la protección de menores y la responsabilidad institucional en el mundo artístico.

Sentencia y antecedentes

En una audiencia celebrada en el juzgado provincial de Salta, la jueza María López dictó una condena de 10 años de prisión contra Marina Jiménez, quien se desempeñaba como directora del Ballet Salta. La procesada fue encontrada culpable de abuso sexual agravado contra su propio nieto, hecho que habría ocurrido durante varios años en su domicilio familiar.

Detalles del proceso judicial

Durante el juicio, la defensa argumentó que el proceso fue “demasiado rápido” y que “no hubo pruebas contundentes”. Sin embargo, el tribunal consideró que los testimonios de la víctima y los informes periciales fueron suficientes para demostrar la culpabilidad de la acusada. La sentencia incluye, además de la prisión, la inhabilitación para ejercer cualquier cargo directivo en instituciones culturales por 15 años.

Reacción de la comunidad artística y social

El caso ha sacudido al panorama cultural de Salta. Varios artistas y colectivos expresaron su consternación y pidieron mayor vigilancia en la gestión de instituciones artísticas. Un homenaje previsto al Ballet Salta en el Concejo Municipal se vio interrumpido por protestas, generando lo que medios locales describieron como un “papelón institucional”.

Contexto legal

En Argentina, el abuso sexual de menores está tipificado en el Código Penal con penas que van de 8 a 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad y la relación de parentesco. La sentencia de 10 años para Jiménez se enmarca dentro del rango medio?alto, reflejando la consideración del tribunal sobre la posición de autoridad de la acusada.

Impacto y futuro

Con la condena, el Ballet Salta quedará sin su directora y deberá reorganizar su estructura administrativa. La comunidad espera que este caso sirva como precedente para la detección temprana de abusos en entornos familiares y profesionales, reforzando los protocolos de protección infantil.