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Imputado en el caso ANDIS rompe el silencio y señala a sus superiores

En una inesperada ruptura del pacto de silencio que rodeaba la investigación de irregularidades en el Instituto Nacional de la Discapacidad (ANDIS), uno de los imputados declaró que había actuado bajo órdenes de altos cargos, mientras otros dos negaron declarar ante la justicia el martes 2 de diciembre de 2025.

Antecedentes de la ANDIS

El Instituto Nacional de la Discapacidad (ANDIS) es el organismo estatal encargado de diseñar y ejecutar políticas de inclusión para personas con discapacidad en Argentina. En los últimos meses se ha visto envuelto en una serie de investigaciones por presuntas coimas y manejo irregular de fondos públicos.

Ruptura del pacto de silencio

Según reportes de La Nación y Página/12, el silencio que había mantenido la mayoría de los imputados comenzó a desmoronarse cuando el primer acusado – identificado solo por su cargo dentro de la entidad – admitió haber recibido instrucciones de superiores para llevar a cabo los pagos irregulares.

Declaraciones del imputado

El imputado declaró que su participación obedecía a órdenes directas de un superior jerárquico, señalando que el esquema de coimas incluía la entrega de sumas de dinero a funcionarios de alto nivel a cambio de la adjudicación de contratos y la aprobación de subsidios. No reveló nombres, pero afirmó que “las decisiones venían de la cúspide” y que él solo ejecutaba la logística.

Investigaciones relacionadas

Paralelamente, la justicia continúa indagando a la pareja de Calvete, acusada de colaborar en la gestión de los pagos irregulares, y se ha informado que dos imputados se negaron a declarar el martes 2 de diciembre de 2025. Además, Infobae señaló que el primer imputado había admitido que obedecía órdenes de otro acusado, ampliando la red de posibles responsables.

Repercusiones y próximos pasos

El hallazgo de que los hechos fueron ordenados desde la alta dirección de la ANDIS intensifica la presión sobre la institución y abre la puerta a investigaciones más profundas que podrían involucrar a funcionarios de nivel ministerial. El Poder Judicial ha citado a varios testigos y se espera que los próximos meses se definan cargos más precisos contra los implicados.