El magistrado del juzgado financiero confirmó una condena de cinco años de prisión para Carlos Rohm, ex banquero vinculado al llamado menemismo, por asociación ilícita. Además, el Estado ordenó el decomiso inmediato de 45 millones de dólares vinculados a operaciones irregulares durante el corralito.
Sentencia judicial contra Carlos Rohm
El tribunal financiero dictó una pena de cinco años de prisión al banquero Carlos Rohm, acusado de participar en una estructura de asociación ilícita destinada a evadir el control cambiario y desviar fondos durante la crisis del corralito a finales de los años 2000. La decisión se sustenta en una investigación que duró varios años y que reveló la existencia de cuentas offshore y operaciones de lavado de dinero.
Detalles de la condena
Rohm fue hallado culpable de organizar y facilitar la transferencia de grandes sumas de dólares fuera del país, violando la normativa cambiaria vigente. La sentencia incluye la orden de decomiso de 45 millones de dólares, fondos que, según el Ministerio de Justicia, están vinculados a la maniobra de fuga de capitales que afectó a miles de ahorristas.
Conceptos clave
Asociación ilícita es el delito que implica la conformación de un grupo de personas con el objetivo de cometer actos contrarios a la ley, como el lavado de dinero o la evasión fiscal. El decomiso es la medida judicial que confisca bienes o valores obtenidos de manera ilegal, para devolverse al Estado.
Impacto económico y social
El caso de Rohm se inscribe dentro de los escándalos financieros más relevantes de la última década en Argentina. La fuga de capitales durante el corralito dejó a la economía sumida en una profunda recesión, y la recuperación de los fondos confiscados representa una medida simbólica y material de justicia para los depositantes afectados.
Repercusiones políticas
El fallo refuerza la postura del actual gobierno en la lucha contra la corrupción financiera y la impunidad de personajes vinculados a la política del siglo pasado. Además, se espera que la ejecución del decomiso sirva de precedente para futuros procesos contra actores del mismo entramado económico.