Diputados votará este 8 de abril la reforma que transfirió a las provincias el control sobre glaciares y ambientes periglaciales. El río Chubut, fuente de agua para 200.000 personas, está en el centro del debate. Más de 100.000 ciudadanos se inscribieron en audiencias públicas y 91% de los oradores rechazaron el proyecto.
Casi 100.000 personas se inscribieron para participar en las audiencias sobre la modificación de la Ley de Glaciares, pero el oficialismo limitó la participación oral a solo 200 expositores. Organismos ambientales presentaron medidas cautelares y denuncian que el proceso viola el Acuerdo de Escazú. La reforma permitiría actividades mineras en zonas periglaciares que alimentan 36 cuencas hídricas.
La masiva convocatoria popular para debatir la reforma de la Ley de Glaciares superó todas las previsiones oficiales. Diputados opositores reclaman más jornadas mientras el Gobierno intenta acelerar un trámite que podría extenderse dos meses si se respeta el tiempo de cada expositor.
En la PDAC 2026 de Toronto, el ministro Juan Pablo Perea defendió una visión científica sobre glaciares mientras el CEO de Vicuña se opuso a regular contrataciones locales. La provincia argentina fue la más mencionada en la Mesa de Gobernadores y CEOs del principal encuentro minero mundial.
Un informe de la ONU advierte que el mundo entró en "quiebra hídrica global" mientras el gobierno de Milei impulsa cambios en la Ley de Glaciares con apoyo de corporaciones mineras y gobernadores de la Mesa del Cobre. Los glaciares abastecen a más de 2.000 millones de personas y almacenan el 70% del agua dulce del planeta. Un estudio prevé que 4.000 glaciares desaparecerán anualmente a mediados de este siglo.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó en redes sociales una modificación a la legislación de glaciares que reemplaza "ideología y centralismo" por "sentido común y federalismo", vinculando la libertad con el federalismo argentino.
La Cámara alta aprobó con 40 votos a favor y 31 en contra el proyecto que modifica la protección de glaciares y ambientes periglaciares. La iniciativa permite que cada provincia determine qué formaciones hídricas proteger y habilita la posibilidad de proyectos mineros en áreas sin función hídrica comprobada. Ambientalistas advierten un retroceso, mientras el oficialismo defiende el desarrollo productivo.
El Senado aprueba el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y avanza hacia la ratificación del acuerdo Mercosur-UE. Milei cuestionó duramente a tres empresarios mientras activistas de Greenpeace fueron detenidos en el Congreso. La CGT prepara recurso judicial contra la reforma laboral.
La organización ambiental advierte que los impactos de la actividad minera sobre los glaciares ya son visibles y medibles, en medio del debate por la reforma de la Ley de Glaciares que se votará en el Senado el 26 de febrero. La legislación actual protege estos ecosistemas que abastecen de agua a 7 millones de personas.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones