El conflicto universitario busca cauces de diálogo
Este miércoles 12 de agosto de 2026, las universidades nacionales atraviesan una jornada de paro de 24 horas convocado por agrupaciones gremiales, en medio de un escenario complejo que podría acercarse a una resolución judicial.
La postura de la UBA
La Universidad de Buenos Aires (UBA) anticipó que sus puertas permanecerán abiertas durante la medida de fuerza. El vicerrector Emiliano Yacobitti señaló que la adhesión al paro quedará a criterio personal de cada docente y trabajador no docente, priorizando la continuidad institucional y el derecho de los estudiantes a asistir a clases.
La huelga fue impulsada por federaciones como FEDUN, FAGDUT, FATUN y CONADU Histórica, que reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), una actualización salarial y el envío de partidas para los hospitales universitarios.
La respuesta del Gobierno Nacional
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se ratificó el cumplimiento de los compromisos salariales y se calificó la medida de fuerza como de carácter político e ilegítimo, argumentando que no existe incumplimiento por parte del Ejecutivo.
Según el comunicado oficial, el Gobierno ya transfirió $666.823.011.021 ARS en concepto de gastos de personal e incrementos salariales correspondientes a junio y primera cuota del SAC, y $448.544.808.500 ARS por el mes de julio. Además, se detalló el envío de fondos a hospitales universitarios, como $20.000.000.000 ARS a la UBA. La próxima mesa paritaria fue convocada para el 1 de septiembre de 2026.
Los reclamos sindicales
Las organizaciones gremiales sostienen que el acta paritaria firmada el 10 de junio, que estipuló un aumento del 24,33%, no alcanza para cubrir la pérdida salarial. Reclaman una recomposición cercana al 28,5% tomando como referencia los valores de noviembre de 2023.
Asimismo, exigien el giro de una partida extraordinaria de $50.000 millones ARS para hospitales universitarios, y recuerdan que la Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso hace casi 300 días y aún no se ejecuta en su totalidad.
Intervención judicial y próximos pasos
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el 21 de agosto de 2026 con el objetivo de destrabar el conflicto. La iniciativa fue de la UBA y contó con la conformidad del Gobierno, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció que asistirá pese a sostener que la cautelar debe cumplirse de inmediato.
En junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar los artículos de actualización salarial y becas de la Ley 27.795, allanando el camino para una posible solución. De no mediar acuerdos, CONADU Histórica tiene previsto un paro del 18 al 22 de agosto, sumando nuevas jornadas de visibilización que esperan no sean necesarias si se avanza en el diálogo.
Fuentes consultadas: Ministerio de Capital Humano, TN, Infobae y Ámbito.