Una ley para aislar a Irán
El gobierno de Irán ha propuesto una nueva legislación que criminaliza el contacto con medios extranjeros, imponiendo penas de 6 meses a 2 años de prisión para quienes mantengan vínculos con periodistas, investigadores o medios internacionales. La medida, reportada por The Guardian, busca restringir la cobertura de las protestas masivas de enero de 2026 y aislar a la sociedad iraní del exterior.
La ley no solo afecta a periodistas, sino también a investigadores y ciudadanos comunes, e incluye el uso de redes sociales como Instagram y X si se considera que están financiadas por otro país. Esta iniciativa se enmarca en una escalada de la represión contra la libertad de expresión y el derecho a la información en Irán.
El caso de Yalda Moaiery: 15 años de prisión en ausencia
La fotoperiodista Yalda Moaiery, de 44 años, fue condenada en ausencia a 15 años de prisión por documentar la guerra entre EE. UU., Israel e Irán. Moaiery, quien cubrió las protestas de 2022 y 2026, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad de prensa en el país.
En una entrevista con The Guardian, Moaiery declaró: “Soy crítica de Israel y de EE. UU., pero temo cumplir la condena y perder 15 años de mi vida”. Su caso refleja el riesgo que enfrentan los profesionales de la comunicación en Irán, donde el simple acto de informar puede ser considerado un delito contra la seguridad nacional.
Moaiery ya había sido arrestada y condenada a 8 años de prisión en 2022, aunque luego recibió una amnistía. En 2019, también criticó al entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, por usar sin permiso una foto suya de una manifestante en Teherán.
Expertos advierten sobre un futuro similar a Corea del Norte
El abogado Moein Khazaeli, del estudio Dadban, advirtió que esta ley podría llevar a Irán a una situación similar a la de Corea del Norte, donde el acceso a información externa está severamente restringido. Por su parte, Bahar Ghandehari, de la organización Center for Human Rights in Iran (CHRI), señaló que la ley convierte el contacto académico, profesional y cívico en un posible delito de seguridad nacional.
Estas voces críticas subrayan el impacto negativo que la legislación tendría sobre la sociedad civil iraní, limitando el intercambio de ideas y el acceso a información independiente.
Críticas a la cobertura internacional
Moaiery también acusó a los periodistas extranjeros que cubrieron el funeral de Alí Jamenei en julio de participar en propaganda del régimen. Esta declaración refleja la complejidad de la situación, donde incluso la cobertura internacional puede ser percibida como una herramienta de legitimación del gobierno iraní.
La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, mientras organizaciones de derechos humanos piden la liberación de los periodistas detenidos y el fin de la represión.