Una decisión basada en la Constitución
El 4 de agosto de 2026, la jueza federal Mae D’Agostino, del tribunal de Albany, emitió una medida preliminar que bloquea la aplicación de la 'Ley de Mascarillas de Nueva York', la cual prohibía a los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) cubrir sus rostros y exigía identificación visible.
Según informó The Guardian, la jueza determinó que, aunque el estado 'parece estar bien intencionado en su búsqueda de una policía transparente', la decisión se fundamenta en argumentos constitucionales. La medida se sostiene en la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU., que impide que los gobiernos estatales regulen a las fuerzas del orden federales.
El contexto de la ley estatal
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó las restricciones a finales de mayo de 2026 en respuesta a las tácticas de aplicación de la ley de inmigración federal durante el segundo mandato de Donald Trump. La administración federal argumentó que obligar a los agentes a revelar sus identidades los expondría a peligros y perjudicaría operaciones encubiertas.
D’Agostino señaló que 'Estados Unidos ha demostrado la probabilidad de tener éxito en su reclamo de que las leyes de Nueva York regulan directamente a los oficiales federales en violación de la cláusula de supremacía'.
Excepción: La prohibición 287(g) se mantiene
En un fallo de 51 páginas, la jueza sí permitió que se mantenga otra parte de la ley neoyorquina: la prohibición de los acuerdos de cooperación 287(g) entre la policía local y el ICE, que entrará en vigor a finales de agosto de 2026.
D’Agostino consideró que esta prohibición es un 'medio apropiado para promover los intereses legítimos de Nueva York'. Hochul y la fiscal general, Letitia James, celebraron que esta parte de la ley sea considerada legal para proteger los recursos locales.
Un debate a nivel nacional
La decisión en Nueva York se suma a una serie de fallos similares en otros estados. Según Courthouse News y Reuters, jueces federales ya habían bloqueado leyes comparables en California, Virginia (el 30 de junio de 2026) y Filadelfia (el 2 de julio de 2026). El sistema judicial continúa buscando el equilibrio entre la seguridad pública, la transparencia y la autonomía federal.