En un movimiento que redefine el mapa energético global, el gobierno de Estados Unidos y la administración de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, han sellado un acuerdo petrolero de proporciones históricas. La concesión, otorgada a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), permitirá la explotación de 17 campos petroleros con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles de crudo, una cifra que representa cerca de una quinta parte de las reservas totales del país sudamericano.
El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, viajará a Caracas en los próximos días para mantener reuniones de alto nivel y ultimar los detalles operativos del acuerdo. Se espera que, en paralelo, la petrolera estadounidense Chevron anuncie una ampliación significativa de sus operaciones en territorio venezolano, lo que consolidaría la presencia de capitales norteamericanos en la industria petrolera local.
Los términos del acuerdo
El pacto, que tiene una duración de 25 años según lo declarado por Delcy Rodríguez, aunque la concesión a NABEP se extiende por 100 años, incluye cláusulas que otorgan a Estados Unidos un rol protagónico en la gestión y los beneficios:
- Participación del Pentágono: El Departamento de Defensa de EE. UU. adquirirá una participación pasiva del 35% en la empresa matriz de NABEP, mediante la compra de warrants a través de la Oficina de Capital Estratégico.
- Reservas estratégicas: El Departamento de Estado tendrá derecho a adquirir el 20% de la producción al costo, destinado a las reservas estratégicas de EE. UU.
- Poder de veto: Washington tendrá poder de veto sobre los nombramientos en el consejo de administración de la empresa.
- Inversión y tributos: NABEP invertirá 100.000 millones de dólares en infraestructura y pagará aproximadamente 200.000 millones de dólares en impuestos al Estado venezolano durante los próximos 25 años.
Contexto geopolítico
El acuerdo se produce en un escenario de profundos cambios en Venezuela. En enero de 2026, fuerzas de EE. UU. capturaron y depusieron al entonces mandatario Nicolás Maduro, lo que llevó al restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre Washington y Caracas. La nueva administración, liderada por Delcy Rodríguez, ha buscado un acercamiento estratégico con Estados Unidos para reactivar la economía y la industria petrolera, duramente golpeadas por años de sanciones y mala gestión.
Para la Casa Blanca, el objetivo central es aumentar la producción petrolera y reducir el precio de la gasolina, que se ha visto afectado por la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. En este contexto, el presidente Donald Trump se reunió recientemente con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca para analizar medidas que permitan incrementar la capacidad de refinación y aliviar los precios en el mercado interno.
Reacciones y críticas
Mientras el gobierno venezolano celebra el acuerdo como un hito para la soberanía y el desarrollo, las reacciones no se han hecho esperar. Delcy Rodríguez afirmó que el pacto generará inversiones por más de 100.000 millones de dólares y más del doble en ingresos tributarios, garantizando que el Estado mantiene la soberanía sobre los recursos. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha manifestado su respaldo al acuerdo.
Sin embargo, la oposición venezolana exige transparencia y advierte sobre la validez legal del acuerdo, señalando que el gobierno interino no tendría autoridad para vender derechos petroleros a largo plazo. Analistas internacionales también han expresado preocupación por los riesgos de corrupción, la falta de transparencia y el cambio en la misión del Ejército de EE. UU., que ahora se involucraría en actividades económicas.
El politólogo Javier Corrales advirtió que el acuerdo podría generar resentimiento en América Latina y alimentar el surgimiento de líderes populistas de izquierda antiamericanos. Además, criticó que EE. UU. no esté utilizando su influencia para exigir una transición democrática más profunda en Venezuela.
En el plano internacional, China ha mostrado su preocupación por el acuerdo, temiendo por sus intereses energéticos en el país, donde había realizado importantes inversiones durante la era Maduro.