Antecedentes del caso

En junio de 2024 se conoció que el Banco Central había realizado transferencias de parte de sus reservas de oro a cuentas en el exterior. La operación, anunciada sin especificar montos ni destinos, despertó sospechas sobre la gestión de un activo que, según datos oficiales, vale alrededor de USD 4.9 mil millones. El ministro de Economía Luis Caputo la describió como una medida para "maximizar los retornos" del activo, mientras críticos como el exministro Martín Guzmán la calificaron de operación tipo repo.

La acción judicial

El sindicato La Bancaria, liderado por el diputado Sergio Palazzo, presentó un amparo solicitando acceso a la información pública sobre dichos envíos. La petición fue rechazada inicialmente bajo el argumento de que la información estaba protegida por excepciones legales previstas en la Ley 27.275. La Bancaria apeló y, tras varios meses, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, compuesta por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, emitió una resolución que revocó la decisión anterior y ordenó al Banco Central proporcionar los datos solicitados.

Fundamentos del fallo

Los magistrados señalaron que los argumentos del Banco Central se basaban en apreciaciones genéricas y que la autoridad debía demostrar de forma concreta que la divulgación del detalle constituiría un peligro para el sistema financiero o para la seguridad de los activos. En ausencia de pruebas, la negativa del BCRA vulneró los principios de transparencia y buena fe que rigen el acceso a la información pública.

Qué se debe entregar

El Banco Central está obligado a informar punto por punto:

• Cuántos lingotes fueron enviados.
• Fechas exactas de las transferencias.
• Destinos de los activos, ya sea en bancos extranjeros o custodios internacionales.
• Condiciones y contratos que respaldan la operación.

Repercusiones y contexto político

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, había rechazado un requerimiento de la Auditoría General de la Nación sobre el mismo tema. La decisión judicial llega en medio de un clima de presión por la gestión de la deuda externa y las políticas de ajuste económico anunciadas por el Gobierno. La medida refuerza la exigencia de mayor rendición de cuentas sobre los recursos que forman parte de las reservas internacionales de Argentina.