31/12/2025 01:04 - Politica
El 30 de diciembre de 2025, la Legislatura de Córdoba celebró la última sesión del año y, hasta la madrugada del martes, se convirtió en el epicentro de intensos cruces políticos por los nombramientos en la Procuración Penitenciaria y en la Fiscalía y Defensa públicas. El oficialismo aprobó los siete pliegos con 34 votos propios más el apoyo de la legisladora Karina Bruno, alcanzando la mayoría necesaria.
Los cargos designados son: Bettina Croppi como procuradora penitenciaria general; como adjuntas, Guadalupe Trillo Pellizzari, Iván Rodríguez, María Florencia Degano y Melani Mattia como secretaria técnica. En el ámbito judicial, Néstor Gómez fue nombrado fiscal adjunto de la Fiscalía General de Córdoba y Gustavo Folloni quedó como defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa.
Los legisladores de la UCR, encabezados por Brenda Austin, denunciaron una supuesta cooptación de la justicia por parte del gobernador Martín Llaryora. Austin afirmó que se buscaba “ofrecer un cargo tentador para que el fiscal adjunto dejara su puesto y así concentrar el control del Poder Judicial”. También acusó al oficialismo de favorecer a amigos del poder con nombramientos millonarios y vitalicios, señalando que los sueldos y jubilaciones serían equiparables a los de magistrados.
El bloque radical mostró tensiones internas, especialmente en torno al nombramiento de María Florencia Degano, vinculada al dirigente radical Julio Ochoa. Mientras algunos radicales criticaron la designación, otros se abstuvieron de confrontar al bloque juecista liderado por Walter Nostrala, Presidente del Frente Cívico, quien defendió la designación del juez Carlos Lezcano como fiscal general a partir de marzo.
Facundo Torres, presidente del bloque oficialista, respondió que el proceso siguió los pasos legales y que la mitad más uno decide los cargos, calificando las críticas de “barrabasadas e incoherencias”. Según Torres, el gobernador propone y los legisladores, elegidos por la ciudadanía, determinan los nombramientos.
La Procuración Penitenciaria Provincial, creada en la sesión del 11 de diciembre, tiene como misión controlar el funcionamiento de cárceles y centros donde se ejecuta una medida restrictiva de la libertad. La designación de sus autoridades marca un importante paso en la reconfiguración del sistema penitenciario cordobés.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones