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31/12/2025 02:15 • ECONOMIA • ECONOMIA
Un REPO (repurchase agreement) es un acuerdo de recompra: una entidad vende activos (en este caso bonos soberanos) a otra a cambio de efectivo, comprometiéndose a recomprarlos en una fecha futura a un precio que incluye una tasa de interés. Este mecanismo, habitual en mercados de emergencia, permite obtener liquidez rápidamente y se utiliza con frecuencia por bancos centrales emergentes.
Según informó Ámbito el viernes 30 de diciembre de 2025, la negociación está en la fase definitiva y debería cerrarse en las próximas 48 horas. Los principales puntos son:
El objetivo inmediato es cubrir el “muro de vencimientos” de US$4.300 millones que vencen el 9 de enero de 2026. Este pago incluye bonos emitidos bajo legislación extranjera y local. El REPO proporcionará recursos que ingresarán como reservas brutas del BCRA, reduciendo la presión cambiaria y el riesgo país, que ronda los 600 puntos básicos a la fecha.
Durante 2025 el Gobierno ya utilizó operaciones REPO en enero y junio, logrando colocar US$1.000 millones y US$2.000 millones respectivamente. Además, se cuenta con un canje reciente de bonos en pesos indexados a la inflación con el BCRA, que entregó títulos en dólares (AL35 y AE38) a cambio de bonos argentinos, reforzando la capacidad de usar estos bonos como colateral.
El FMI aún no ha aprobado la revisión de fin de año ni el desembolso de US$1.050 millones que el Gobierno había solicitado, lo que hace que esta vía de financiamiento sea estratégica para no depender exclusivamente del waiver.
El presidente Javier Milei, en una entrevista radial el 23 de diciembre, aseguró que “estamos más que cubiertos, tenemos la plata para pagar enero, febrero y todo el primer trimestre sin ningún problema”. El ministro de Economía Luis Caputo corroboró la misma confianza, indicando que “estamos cómodos, tenemos los fondos necesarios para pagar toda la deuda de enero, febrero y marzo”.
Si el REPO se concreta, el ingreso de US$2.000 millones blindará el balance del BCRA, permitirá mantener el tipo de cambio bajo control y reducirá la necesidad de recurrir a medidas de emergencia. No obstante, el spread estimado implica un costo efectivo superior al 9% anual, lo que será evaluado dentro del presupuesto fiscal.