La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo (ADPRA) presentó un reclamo formal a la Secretaría de Energía advirtiendo que el nuevo régimen de subsidios al gas y la electricidad, que entra en vigor el 1 de enero de 2026, podría agravar la pobreza energética y vulnerar derechos fundamentales.

Nuevo régimen de subsidios a partir del 1 de enero de 2026

El gobierno nacional implementará un nuevo esquema de subsidios energéticos que elimina la tradicional segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3). En su lugar, solo se distinguirá entre hogares vulnerables que recibirán asistencia estatal y el resto de los usuarios, que deberán afrontar la tarifa plena de gas y electricidad.

Reclamo y advertencia de ADPRA

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) presentó un reclamo formal ante la Secretaría de Energía de la Nación, solicitando la suspensión inmediata del nuevo régimen y una mesa de trabajo urgente para evaluar su impacto social.

El documento subraya que la medida “consolida una política energética que no contempla las condiciones reales de vida de amplios sectores sociales” y que podría convertir el acceso a la energía en un privilegio y no en un derecho.

Críticas a la normativa vigente

ADPRA también criticó la Resolución N.º?334/2024 del ENRE, que establece topes al consumo subsidiado, calificándola de regresiva y desproporcionada. Asimismo, expresó una fuerte preocupación por cualquier intento de modificar o eliminar los subsidios del “régimen de zona fría”, argumentando que su supresión sería inadmisible para regiones con climas extremos.

Problemas de recategorización en el RASE

La asociación denunció la falta de respuesta a numerosos pedidos de recategorización en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), lo que provocó aumentos de hasta el 100?% en las facturas de muchas familias.

Peticiones concretas

• Suspensión temporal de los nuevos criterios de segmentación.
• Convocatoria a una mesa de trabajo con las subsecretarías de Energía Eléctrica e Hidrocarburos.
• Mayor coordinación con ENRE y ENARGAS.
• Implementación de políticas energéticas con enfoque federal, equitativo y basado en derechos humanos.

ADPRA concluyó que la energía no debe tratarse como un bien comercial, sino como un bien público esencial que requiere políticas públicas sensibles y respetuosas de los derechos humanos.

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