Contexto de la crisis de deuda venezolana

El derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y las sanciones estadounidenses aislaron a Venezuela de los mercados internacionales, provocando su default a finales de 2017 al dejar de pagar bonos emitidos tanto por el Estado como por Petróleos de Venezuela (PDVSA). Desde entonces, intereses acumulados y reclamos legales han disparado el total de obligaciones externas.

Montos y ratios

Reuters estima que los bonos en default ascienden a US$60.000 millones. La deuda externa total, que incluye obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales y laudos arbitrales, se sitúa entre US$150.000 y US$170.000 millones, según cómo se contabilicen intereses y fallos judiciales. El FMI proyecta que el PIB nominal de Venezuela alcanzará US$82.800 millones en 2025, lo que implica una relación deuda/PIB entre 180?% y 200?%.

Los principales acreedores

La falta de transparencia y las sanciones dificultan rastrear la tenencia de los títulos, pero se identifican varios grupos:

• Fondos buitre y tenedores internacionales de bonos en dificultades.
• Compañías que obtuvieron indemnizaciones mediante arbitrajes, como ConocoPhillips y Crystallex, que ahora persiguen activos venezolanos.
• Acuerdos judiciales en EE.UU. que reclaman alrededor de US$19.000 millones en la subasta de PDV Holding, controladora de la refinería estadounidense Citgo.
• Gobiernos bilaterales, principalmente China y Rusia, que otorgaron préstamos a Maduro y al expresidente Hugo Chávez.

Citgo y PDV Holding: el activo clave

Un bono de PDVSA con vencimiento en 2020 estaba garantizado con una participación mayoritaria en la refinería Citgo. Los litigios en tribunales de Delaware buscan recuperar valor a través de la controladora PDV Holding, cuyo valor estimado es muy inferior a los reclamos registrados.

Perspectivas de reestructuración

Debido a la multiplicidad de reclamos y la incertidumbre política, una reestructuración formal parece compleja y prolongada. Un posible acuerdo dependería de un programa del FMI que establezca metas fiscales, pero Venezuela no ha mantenido consultas anuales con el organismo desde hace casi dos décadas y sigue excluida del financiamiento multilateral.