Contexto de la solicitud

El día 5 de enero de 2026, el fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°?4, presentó ante el Juzgado Federal N°?2 de Comodoro Py una petición formal para que se inicie el proceso de extradición del mandatario venezolano Nicolás Maduro, de 63 años, bajo custodia de autoridades locales tras su captura el 3 de enero de 2026 en Caracas.

Fundamento legal

La petición parte de una denuncia interpuesta en 2024 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD), que acusa a Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos, tipificados en el derecho internacional como delitos imprescriptibles. En septiembre de 2024, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado la detención de Maduro y de Diosdado Cabello, y solicitó la emisión de una alerta roja de Interpol, que sigue vigente.

Procedimiento de extradición

El fiscal Stornelli argumentó que la situación requiere una actuación “urgente” dado el estado de detención del imputado y la existencia de una orden de captura internacional ya difundida por Interpol. La solicitud se dirige a los tribunales federales de Comodoro Py, aunque el proceso deberá coordinarse eventualmente con el gobierno de Estados Unidos, que detuvo a Maduro en territorio estadounidense antes de su entrega a autoridades locales.

Implicancias políticas

Este paso marca una de las mayores acciones judiciales de Argentina contra un líder de la región y refuerza la postura del país en defensa de los derechos humanos. La extradición, de concretarse, permitiría que el caso sea juzgado bajo la legislación argentina y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, como la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención contra la Tortura.

Próximos pasos

El tribunal debe resolver la solicitud de extradición y, en caso de aceptación, se iniciará el traslado del imputado a Argentina, donde enfrentará el proceso penal correspondiente. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos siguen monitoreando el caso, y el Gobierno venezolano ha calificado la medida como una “intervención política”.