El Gobierno Nacional rechazó la solicitud de la vicepresidenta Victoria Villarruel para usar un helicóptero que le permitiera sobrevolar la zona incendiada de la provincia de Chubut. La petición, dirigida a la Agencia Federal de Emergencia, fue negada por el Ministerio de Seguridad, que declaró que los recursos aéreos están destinados exclusivamente a operaciones de emergencia.

Solicitud rechazada por la autoridad de seguridad

El martes 12 de enero de 2026 la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ejerce como vicepresidenta del Senado, habría solicitado a la Agencia Federal de Emergencia (AFE) la asignación de un helicóptero para desplazarse a la provincia de Chubut, gravemente afectada por un incendio forestal que ha consumido miles de hectáreas de bosques nativos.

Según comunicados oficiales, la petición fue rechazada por el Ministerio de Seguridad, que indicó que los recursos aéreos están completamente comprometidos con tareas operativas de combate y rescate.

Respuesta del entorno de la vicepresidenta

Desde Balcarce 50, portavoz de la vicepresidenta, desmintió la existencia de la solicitud y exigió que se haga pública cualquier solicitud real. "Los helicópteros están destinados a la emergencia, a las urgencias, no a sacarse fotos", sostuvo el vocero, resaltando que la prioridad es la labor de los bomberos y brigadistas.

Contexto de la emergencia en Chubut

La provincia de Chubut se encuentra bajo estado de emergencia por el incendio que ha devorado más de 20 mil hectáreas de bosques nativos, poniendo en riesgo comunidades locales y la biodiversidad de la región. La AFE coordina la respuesta interinstitucional, empleando aviones y helicópteros para el relevo de agua y la vigilancia del frente de fuego.

Qué implica el uso de helicópteros en emergencias

Los helicópteros de emergencia son unidades especializadas que permiten la rápida inserción de equipos de rescate, el transporte de agua y la supervisión aérea del avance del incendio. Su disponibilidad está regulada por normativas que priorizan la vida humana y la protección de áreas críticas, evitando su uso para actividades no operativas.

Repercusiones políticas

El caso genera debate sobre la gestión de recursos en situaciones de catástrofe y la separación entre funciones institucionales. Mientras la administración libertaria enfatiza la necesidad de no entorpecer el trabajo de los brigadistas, sectores opositores cuestionan la falta de visibilidad y coordinación gubernamental en la zona.

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