El 20 de enero de 2026 el Jefe de Gabinete de Ministros firmó la Decisión Administrativa 1/2026 que oficializa el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026. El documento detalla la distribución de créditos, los plazos de contribución al Tesoro y las competencias para modificar el gasto, marcando un punto clave para la política fiscal del país.

Contexto y alcance del nuevo presupuesto

Con la publicación en el Boletín Oficial N° 337567 (20/01/2026) se dio cumplimiento a la Ley N°?27.798 de Presupuesto General 2026, tras dos años sin una norma aprobada por el Congreso. La medida, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, establece la distribución de recursos entre partidas limitativas, gastos corrientes, de capital y figurativos, y fija los criterios para la asignación de cargos y horas de cátedra en la Administración Pública Nacional.

Principales disposiciones

• Distribución de créditos: se detallan en las planillas anejas (IF?2026?03004902?APN?SSP y IF?2026?03004393?APN?SSP) los rubros de gasto corriente, de capital, aplicaciones financieras y fuentes de financiamiento.
• Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro: todos los créditos destinados a empresas públicas no financieras se concentrarán en esta jurisdicción, evitando la dispersión de fondos.
• Calendario de contribuciones al Tesoro: cuatro cuotas iguales con vencimientos el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 15 de diciembre de 2026.
• Modificaciones presupuestarias: la Oficina Nacional de Presupuesto debe autorizar cualquier cambio que afecte la distribución de finalidades o aumente los gastos corrientes; el plazo de respuesta es de ocho días hábiles.
• Requisitos para contratación de obras: las jurisdicciones deben contar con la calificación “Formulación y evaluación satisfactoria” emitida por la Dirección Nacional de Inversión Pública.
• Incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud y transferencia de créditos y personal de la antigua Agencia Nacional de Discapacidad.

Implicancias fiscales

El nuevo marco exige que las jurisdicciones informen trimestralmente a la Secretaría de Hacienda sobre evolución de plantillas y contrataciones. Además, se habilita la reasignación de cargos del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público, con la aprobación del Presidente y la intervención de los ministerios de Transformación del Estado y Hacienda.

Reacciones y análisis

Expertos del IERAL advierten que, para mantener el objetivo de superávit primario del 1,5?% del PBI, será necesario recortar entre el 9?% y el 19?% del gasto discrecional en términos reales, especialmente si avanza la reforma laboral en discusión.

Para profundizar en el impacto económico, consulte el análisis publicado por Infobae (20?enero?2026) y la versión completa del aviso oficial.

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