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22/01/2026 09:06 • Politica
El arzobispo Raúl Biord de Caracas, a través de un comunicado emitido el 20 de enero de 2026, declaró que “en ningún momento se ha realizado en la arquidiócesis ninguna ‘extorsión’ o presión a familiares de detenidos ni a nadie”. La respuesta surge tras la denuncia de Mariana González de Tudares, hija del candidato presidencial opositor Edmundo González, quien sostuvo haber asistido a una reunión en oficinas diocesanas donde funcionaba una supuesta presión para que su padre renunciara a la oposición a cambio de la libertad de su esposo Rafael Tudares.
Mariana González afirmó haber sido víctima de tres episodios de extorsión realizados por personas vinculadas tanto a autoridades del régimen venezolano como a representantes de la Iglesia. Según su comunicado, en esas reuniones se le habría pedido que “obligara” a su padre a renunciar a sus aspiraciones políticas para asegurar la liberación de su esposo, quien había sido condenado a 30 años de prisión por terrorismo y conspiración.
El caso se sitúa en el marco de una creciente ola de detenciones de familiares de opositores, interpretada por organizaciones de derechos humanos como una táctica de presión política. La familia de González subrayó la falta de acceso al expediente judicial y la imposibilidad de visitar a Rafael Tudares con regularidad, lo que, según ellos, evidencia un patrón de coacción.
En su comunicado, la Arquidiócesis recordó que históricamente la Iglesia en Venezuela ha intervenido como mediadora para lograr la libertad de presos políticos, sin perseguir intereses distintos al bienestar de los familiares. Asimismo, defendió que no existió ningún acto de extorsión y que la visita pastoral a los familiares de presos es una expresión de solidaridad, no de presión.
El arzobispo Biord, nombrado en 2024, ha sido señalado por detractores como cercano al gobierno de Nicolás Maduro. Su nombramiento se produjo tras un largo impasse causado por el veto del régimen a candidatos más críticos. Un concordato entre Venezuela y la Santa Sede otorga al gobierno venezolano poder de veto sobre los nombramientos episcopales, limitando la autonomía del Vaticano en el país.
La controversia abre un nuevo frente en la ya tensa relación entre la oposición venezolana y la Iglesia, mientras que la familia González sigue exigiendo la liberación plena de Rafael Tudares y la garantía de derechos humanos para los familiares de presos políticos.
