Una carta que exige transparencia

El 22 de enero de 2026 los senadores demócratas, liderados por Adam Schiff (California) y Elizabeth Warren (Massachusetts), enviaron una misiva a la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, solicitando que se revelen de inmediato los posibles intereses financieros de Donald Trump y su círculo íntimo en compañías vinculadas a la exportación del petróleo venezolano.

¿Por qué ahora?

La petición surgió tras la publicación de un informe de CNN que detallaba conversaciones privadas entre la administración Trump y las mayores compañías petroleras de EE.UU. para impulsar inversiones en Venezuela, un país catalogado como políticamente inestable. Entre los puntos críticos, los demócratas demandan respuestas sobre la relación del expresidente con John Addison, alto ejecutivo de la gigante Vitol y donante de la campaña de Trump, quien participó de una reunión en la Casa Blanca a principios de mes para discutir la primera venta de crudo venezolano bajo control estadounidense.

Contexto de los acuerdos petroleros

Desde el cambio de postura de la Casa Blanca, se han concretado ventas de crudo venezolano a EE.UU.; según la ministra encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el país recibió US$300 millones por la venta de petróleo bajo el nuevo acuerdo. El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que “estamos recuperando lo que nos robaron” y ha prometido incentivos a las compañías para que inviertan en el país sudamericano.

Los firmantes de la carta

Además de Schiff y Warren, la carta fue firmada por Chuck Schumer (Nueva York), Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Richard Blumenthal (Connecticut), Andy?Kim (Nueva Jersey) y Chris?Van?Hollen (Maryland), entre otros senadores. El texto advierte que cualquier vínculo financiero oculto podría constituir "lujo ilícito y corrupción" y menciona la posibilidad de futuras medidas de rendición de cuentas si se recupera el poder político demócrata.

Los demócratas subrayan que, dada la urgencia del asunto y el riesgo de enriquecimiento personal, el gobierno tiene una obligación mayor que la divulgación financiera estándar para aclarar la situación al Congreso y al público estadounidense.

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