31/03/2026 17:17 - Actualidad
Docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron clases públicas frente al departamento de Manuel Adorni ubicado en la calle Miró 500, barrio de Caballito. La movilización tuvo lugar en el marco del paro nacional universitario de 48 horas convocado entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2026.
La medida de fuerza fue impulsada por los gremios Conadu Histórica, Fagdut y Fatun, con reclamos centrados en la recomposición salarial del 32% perdida desde fines de 2023, la apertura de paritarias y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal (Sala III), integrada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
El tribunal calificó los argumentos oficiales como "poco serios" y ordenó el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la actualización salarial docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023, además de la recomposición de becas estudiantiles.
El departamento donde se realizó la protesta adquirió notoriedad pública tras revelarse que Adorni lo compró el 18 de noviembre de 2025 por USD 230.000, con un financiamiento del 87% (USD 200.000) proporcionado por dos jubiladas: Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo.
La propiedad, de casi 200 metros cuadrados, tenía como propietario anterior al exfutbolista Hugo Alberto Morales. El jefe de Gabinete también posee una propiedad en el Country Indio Cuá Golf, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa Bettina Angeletti.
Según datos del sector, los salarios universitarios se encuentran en su nivel más bajo en 23 años. Las transferencias a las casas de estudio cayeron un 45,6%, mientras que las becas Progresar fueron recortadas en más del 95%.
El Gobierno había ofrecido un aumento del 6,7% que no fue pagado, según denunciaron las organizaciones gremiales. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró el fallo judicial que ordena aplicar la ley de financiamiento.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó registros migratorios desde el 1 de enero de 2023 para investigar si Adorni y el empresario Marcelo Grandío compartieron más viajes privados además del vuelo a Punta del Este de Carnaval 2026, que costó USD 3.000. La diputada Marcela Pagano denunció un incremento patrimonial del 500% en el funcionario.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones