02/04/2026 12:09 - Internacionales
El gobierno argentino tomó una decisión histórica: declarar "persona non grata" a Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán, ordenándole abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas.
La medida fue oficializada mediante un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno y replicado posteriormente por el propio presidente Javier Milei. La decisión se fundamenta en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.
La decisión argentina llegó como respuesta directa al comunicado difundido el 1 de abril de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había marcado un fuerte punto de tensión en el vínculo bilateral. En ese documento, el régimen teocrático:
Además, el texto iraní cuestionó la legitimidad de la medida al sostener que "no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional, sino que constituye un error estratégico".
La designación de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista se fundamentó en antecedentes judiciales vinculados a los atentados contra:
Ambos atentados dejaron más de 100 muertos y permanecen sin resolver, con pedidos de captura sobre ex funcionarios del régimen iraní.
La crisis diplomática se desarrolla en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que condiciona las posiciones diplomáticas y en el que el Gobierno argentino ha decidido alinearse de manera explícita con Washington y Jerusalén.
La Guardia Revolucionaria —estructura central del sistema de poder iraní— se convierte en el eje del conflicto. Mientras Argentina la señala como una organización vinculada al terrorismo internacional, el régimen iraní la reivindica como "defensora de la seguridad nacional" y "la fuerza más efectiva contra el terrorismo".
Es una figura del derecho diplomático que permite a un Estado declarar a un diplomático extranjero como indeseable, debiendo el Estado acreditante retirarlo del país o, de lo contrario, perderá los privilegios e inmunidades diplomáticas. Esta figura está regulada por el artículo 9 de la Convención de Viena de 1961.
"La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia."
El comunicado concluye: "La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional."
Alfredo S. Quiroga
