07/05/2026 15:55 - Politica
El jefe de Gabinete enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que suma nuevos elementos cada día. En esta ocasión, se reveló un gasto de $14 millones de pesos en muebles para el departamento de Caballito, donde reside con su familia.
Según la investigación del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el contratista Matías Tabar reveló que trabajó por segunda vez para el matrimonio compuesto por Manuel Adorni y Bettina Angeletti. En esta ocasión, la tarea fue coordinar trabajos de carpintería en el departamento de Caballito.
Tabar declaró bajo juramento que la pareja le pidió contactar al mismo carpintero que había fabricado los muebles de la casa del country Indio Cuá. Los trabajos, realizados entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, incluyeron:
La modalidad de pago habría sido en efectivo y sin factura, según declaró el contratista.
| $14 millones | Muebles Caballito |
| USD 245.000 | Refacciones Indio Cuá |
| USD 365.000 | Total gastos propiedades |
| USD 335.000 | Deudas acumuladas |
Este miércoles también declaró en Comodoro Py Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete. Miano es socio de Pablo Martín Feijoo (hijo de la segunda jubilada acreedora) y gestor de la compraventa del semipiso de la calle Miró al 500 en la firma TSJ Group.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Miano ratificó la deuda que mantiene Adorni por los USD 65.000 que invirtieron con Feijoo para modernizar el departamento de Caballito, antes de que las jubiladas se lo vendieran por USD 230.000. El jefe de Gabinete acordó regresar esos dólares sin plazo ni interés, de palabra y sin documentación.
El juez Ariel Lijo ordenó peritar el celular del contratista Matías Tabar, donde se buscarán las conversaciones con Adorni, Angeletti y todos los proveedores para constatar las cifras informadas.
Además, se ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y Angeletti ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires. Las declaraciones juradas correspondientes al año 2025 aún no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, con plazo hasta el 31 de julio próximo.
Alfredo S. Quiroga
