07/05/2026 21:50 - Actualidad
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a 10 años de prisión a Isabel Cristo, Alberto Cristo y su hijo Franco Cristo, integrantes de la comunidad Romani (gitana), por el delito de trata de personas agravada con fines de matrimonio infantil y explotación. La sentencia fue dictada por el juez Daniel Doffo, quien además dispuso una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima.
El caso, investigado por la Unidad Fiscal Federal de San Juan y la Gendarmería Nacional, puso al descubierto una trama de violencia sistemática que incluyó matrimonio forzado, maternidad obligada, explotación laboral y agresiones físicas y psicológicas durante más de tres años.
En abril de 2025, una llamada anónima al 911 alertó sobre un posible secuestro en el departamento de Caucete, San Juan. La denuncia describió un vehículo donde viajaba una joven con su hijo recién nacido, siendo trasladada contra su voluntad.
El operativo permitió interceptar el vehículo y rescatar a la víctima. Durante la intervención, se observó una escena dramática: la joven intentó escapar con su hijo en brazos, pero fue perseguida y forzada a subir nuevamente al vehículo, que se retiró a gran velocidad infringiendo normas de tránsito. Testigos presenciales alertaron a las autoridades.
La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería coordinó tareas con unidades de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, reconstruyendo la línea temporal de los hechos y el rol de cada imputado en todas las etapas del sometimiento.
El matrimonio infantil es reconocido internacionalmente como una forma de trata de personas y violencia de género. Se produce cuando una persona menor de 18 años es obligada a contraer matrimonio o unión forzada, generalmente mediante coacción, engaño o abuso de poder.
En Argentina, el artículo 145 bis del Código Penal tipifica la trata de personas con penas de 4 a 15 años de prisión, con agravantes cuando la víctima es menor de edad o cuando se utilizan violencia, amenazas o coacción.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) articula investigaciones federales en todo el país para combatir este tipo de delitos.
En Argentina, la denuncia por trata de personas puede realizarse a través de:
La denuncia anónima puede salvar vidas. Este caso demuestra que un llamado ciudadano fue determinante para rescatar a una adolescente sometida durante años.
La investigación contó con la participación del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, y la Gendarmería Nacional Argentina a través de sus unidades en múltiples provincias.
La solidez probatoria, que incluyó testimonios de la víctima, entrecruzamiento de información y reconstrucción temporal de los hechos, permitió sostener la acusación y lograr una condena ejemplar.
Fuentes:
Alfredo S. Quiroga
