21/05/2026 21:25 - Internacionales
El presidente Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre de 2025 y en apenas medio año enfrenta el mayor desafío de su mandato: un levantamiento popular que exige su renuncia y ha paralizado gran parte del país.
Bolivia lleva más de dos semanas de movilizaciones ininterrumpidas. Según la Administradora Boliviana de Carreteras, existen 47 puntos de bloqueo activos en 6 de los 9 departamentos del país, afectando principalmente a La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.
| Medida gubernamental | Impacto en la población |
|---|---|
| Eliminación de subsidios a combustibles | Precios duplicados de productos básicos |
| Importación de gasolina de mala calidad | Daños a miles de vehículos de trabajo sin resarcimiento |
| Eliminación del Impuesto a Grandes Fortunas | Percepción de gobierno a favor de las élites |
| Ley 1720 de Conversión de Pequeñas Propiedades | Amenaza a la seguridad jurídica de pequeños propietarios |
| Decreto Supremo 5618 | Perdonó deudas de cooperativas mineras a la Caja Nacional de Salud |
Los mercados populares registraron precios duplicados o hasta triplicados. Las filas para obtener productos básicos se extienden durante horas. El gobierno implementó un "puente aéreo" con aviones argentinos para abastecer a la población, aunque reconoce que la crisis sigue sin resolverse.
La debilidad del gobierno tiene raíces profundas en su conformación. Rodrigo Paz llegó al poder gracias a una alianza con Edman Lara, excapitán de policía convertido en influencer que capturó el voto popular con una retórica anticasta similar a la de Javier Milei en Argentina.
Sin embargo, el quiebre fue inminente: Paz dictó el Decreto Supremo 5515 para gobernar desde el extranjero e impedir que Lara asumiera temporalmente la presidencia, además de quitarle presupuesto a la Vicepresidencia.
El historiador Eric Hobsbawm desarrolló el concepto de "negociación colectiva mediante la revuelta", aplicable al caso boliviano: ante un Estado históricamente sordo a los sectores populares, la calle se convierte en el principal espacio de negociación política.
Se movilizan fabriles, mineros asalariados, choferes, magisterio y sectores campesinos, todos con demandas diferentes pero con una coincidencia clara: la renuncia de Rodrigo Paz.
El secretario de Estado Marco Rubio fue tajante: "Washington no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente". Su vice, Christopher Landau, advirtió sobre "un golpe de Estado en marcha".
El presidente Gustavo Petro calificó las protestas como "insurrección popular" y denunció que "hay un pueblo en las calles al que están matando". Bolivia declaró "persona non grata" a la embajadora Elizabeth García y la expulsó.
8 países latinoamericanos firmaron una declaración conjunta por la situación humanitaria. La Unión Europea y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz condenaron los actos de violencia e instaron al diálogo.
El expresidente Evo Morales permanece atrincherado en el Chapare, su bastión histórico, rodeado de seguidores. Existe un mandamiento de aprehensión en su contra por un caso de trata y tráfico de personas.
El gobierno de Paz señala constantemente a Morales y al MAS como instigadores de las protestas. Sin embargo, análisis periodísticos indican que el expresidente no protagoniza las movilizaciones, aunque su figura permanece gravitante en el escenario político boliviano.
Nota: La narrativa oficial busca asociar las protestas con el "narcotráfico" y el "evismo" para deslegitimar un movimiento que agrupa a múltiples sectores sociales con demandas diversas.
Rodrigo Paz anunció un "reordenamiento" ministerial para lograr un gabinete "más ágil" y receptivo a las demandas sociales. También dispuso la creación de un Consejo Económico y Social para socializar las reformas.
El canciller Fernando Aramayo denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que Bolivia enfrenta hechos que "amenazan el orden democrático".
La crisis boliviana representa una advertencia regional: en un contexto de ascenso de nuevas derechas en América Latina, los movimientos populares reaccionan ante políticas que perciben como traiciones a sus mandatos electorales.
Alfredo S. Quiroga
