29/05/2026 09:15 - Politica
Martillo de juez sobre mesa de tribunal con documentos legales, concepto de justicia y vacantes.
El Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal emitió un comunicado este viernes 29 de mayo de 2026 expresando su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de solicitar el retiro del pliego de María Verónica Michelli, quien estaba postulada para ocupar un cargo como jueza en el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata.
La medida generó controversia porque la postulación de Michelli ya había obtenido un dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado, representando un avance institucional significativo en el camino hacia su designación definitiva. Michelli es cuñada del reconocido periodista de investigación Hugo Alconada Mon, figura vinculada al seguimiento de casos de corrupción y recientemente asociado en el titular original a la investigación del caso $Libra.
Desde la entidad que preside Alejandra García (quien sucedió a Ricardo Gil Laavedra), advirtieron que retirar pliegos que ya han sido enviados al Congreso constituye una “práctica discutible” dentro del ordenamiento institucional.
“En la última década, el retiro indiscriminado de pliegos por parte de los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo ha dilatado más de lo aceptable el llenado de las vacantes judiciales”, denunció el comunicado.
El Colegio de Abogados sostuvo que esta herramienta “debe ser aplicada restrictivamente”, cobrando mayor gravedad cuando el candidato ya ha superado la instancia de evaluación y dictamen en comisión. Señalaron que el número de juzgados y tribunales desiertos continúa en una “situación crítica”, un déficit que persiste pese a los esfuerzos coordinados por el Ministerio de Justicia.
Ante la decisión del Ejecutivo, la institución profesional subrayó que la última palabra recae en la Cámara Alta. “Corresponderá al pleno del Senado aceptar o rechazar el retiro evaluando los motivos en que se funda, para evitar arbitrariedades o abusos”, indicaron.
En un cierre contundente, los abogados porteños exigieron transparencia pública en el caso. Consideraron “deseable que se brinden buenas razones, en este caso, para despejar las suspicacias y rumores que se han hecho públicas en torno a esta candidatura”.
El caso pone de relieve la tensión entre el Poder Ejecutivo y los organismos de control del sistema judicial, en un contexto donde el Gobierno busca acelerar designaciones mientras enfrenta críticas por la selección de candidatos.
Alfredo S. Quiroga
