20/06/2026 16:21 - Internacionales
Ilustración digital conceptual mostrando una balanza de la justicia desequilibrada sobre un fondo con los colores de la bandera española, simbolizando el peso de la justicia en un caso de corrupción de alto nivel.
En una jornada histórica para la política española, un tribunal ha ordenado que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, sea juzgada por diversos delitos relacionados con la corrupción. La resolución, publicada este sábado, marca un punto de inflexión en la investigación iniciada hace años y representa un desafío monumental para la estabilidad del ejecutivo español.
El magistrado instructor Juan Carlos Peinado dictaminó medidas cautelares estrictas, incluyendo la retención del pasaporte y la obligación de presentarse ante las autoridades judiciales de forma quincenal. Lo más impactante es la orden directa a todos los puestos fronterizos y aeropuertos, tanto civiles como militares, para impedir la salida de la imputada del territorio español.
El auto de procesamiento detalla una lista grave de delitos que fundamentan el paso a juicio oral. No se trata solo de una mera investigación, sino que el juez considera que existen indicios suficientes de criminalidad. Los delitos imputados son:
Además de Gómez, la resolución también procesa a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos, y al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado al tráfico de influencias.
La investigación tiene sus raíces en una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en abril de 2024. El foco central fue una cátedra universitaria que Begoña Gómez codirigía. Se investigó el financiamiento de dicha cátedra y los convenios firmados, encontrando presuntas irregularidades en la gestión de fondos y la concesión de ventajas.
Esta decisión judicial es un revés significativo para el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ha enfrentado múltiples frentes de batalla judicial en los últimos tiempos. La prohibición de salida del país y el procesamiento de la primera dama generan un clima de alta tensión política e incertidumbre institucional en España.
El tráfico de influencias es un delito que comete una persona que, prevaliéndose de su situación en la administración pública o en un organismo, influye sobre otra persona para obtener una resolución favorable en un expediente o asunto, o para conseguir un honor, empleo o contrato para otra persona. En este caso, se investiga si Begoña Gómez usó su cercanía al presidente para beneficiar a terceros en contratos universitarios y de índole privada.
Fuentes: Radio Canal, Agencias.
Alfredo S. Quiroga
