26/06/2026 18:22 - Actualidad
El 26 de junio de 2002, Argentina amanecía conmocionada por una de las páginas más oscuras de su historia reciente. Durante una movilización de trabajadores desocupados en el Puente Pueyrredón, la Policía Bonaerense desató un operativo represivo que terminó con la vida de dos jóvenes: Maximiliano Kosteki (22 años) y Darío Santillán (21 años). Sus nombres quedaron grabados en la memoria colectiva como símbolos de resistencia y dignidad.
La Masacre de Avellaneda no fue un hecho aislado. Ocurrió en un contexto de crisis profunda: la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, el estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001, y el gobierno provisional de Eduardo Duhalde que buscaba recuperar el control de las calles después de meses de protestas masivas.
El objetivo represivo: Fragmentar y desarticular el movimiento piquetero que comenzaba a articularse con las asambleas barriales, las fábricas recuperadas y otros espacios de protesta social. El sistema político había perdido el control de las calles y necesitaba recuperarlo a cualquier costo.
Aquella jornada se desplegó un operativo conjunto sin precedentes que incluyó:
Las fuerzas de seguridad contaban con al menos dos patotas especiales equipadas con munición de plomo, mientras la represión oficial utilizaba gases y balas de goma. Hubo más de 30 heridos por balas de plomo aquel día.
| Asesinados: | 2 jóvenes |
| Edad de Maxi: | 22 años |
| Edad de Darío: | 21 años |
| Heridos de plomo: | +30 personas |
| Fecha: | 26/06/2002 |
Al día siguiente, los medios de comunicación intentaron instalar la versión oficial: un enfrentamiento entre piqueteros. Sin embargo, las fotografías tomadas por Sergio Kowalewski y Pepe Mateos desbarataron la mentira gubernamental. Las imágenes mostraban claramente que los jóvenes habían sido ejecutados por la policía mientras se retiraban del lugar.
Clarín, que contaba con las fotos, las había titulado inicialmente como que "la crisis había cobrado dos nuevas muertes", evitando mencionar la responsabilidad policial. La presión popular obligó a publicarlas y la verdad se impuso.
Comisario Alfredo Franchiotti y cabo Alejandro Acosta fueron los responsables directos de los asesinatos. Ejecutaron a Darío Santillán mientras auxiliaba a Maximiliano Kosteki, quien ya había sido herido de gravedad.
Condenas (9 de enero de 2006):
Estas condenas fueron producto de la lucha popular, no de concesiones gubernamentales.
Los organizadores intelectuales de la masacre nunca fueron juzgados:
Todos siguen sin condena y varios continúan operando políticamente.
La fotógrafa Florencia Vespignani capturó el instante final de Darío Santillán: una mano sosteniendo a Maxi moribundo y la otra frenando a los represores. Ese gesto simbólico se convirtió en emblema de solidaridad, dignidad y resistencia.
Como expresó Sergio Nicanoff en su columna radial: "En ese gesto anida un mundo. Ahí hay una pedagogía de dignidad, de empatía con el otro, que es antagónica con la ultraderecha, que implica relaciones humanas distintas, comunitarias, de igualdad".
Más allá del gesto final, se recuperó la dimensión humana de ambos jóvenes:
Dibujante, militante territorial, participaba activamente en las actividades comunitarias del movimiento piquetero. Su arte reflejaba su compromiso social.
Trabajaba en la bloquera y participaba en las ollas populares. Su militancia cotidiana construía comunidad desde la base, sin discursos grandilocuentes.
Esta dimensión comunitaria fue fundamental para enfrentar la demonización que el poder intentó instalar. Como señaló Nicanoff: "Hay que traer la vida cotidiana, las prácticas comunitarias, y creo que ahí residía y reside gran parte de la legitimidad".
La antigua estación Avellaneda del ferrocarril Roca fue renombrada como "Darío Santillán y Maximiliano Kosteki" en homenaje a los dos jóvenes asesinados. Cada 26 de junio, organizaciones sociales, familiares y militantes se reúnen allí para recordar su legado y renovar el compromiso con la memoria y la justicia.
A 24 años, la Masacre de Avellaneda nos recuerda que las conquistas en materia de derechos humanos y justicia son producto de la organización popular. La condena a Franchiotti y Acosta no fue una concesión del Estado, sino el resultado de años de movilización y persistencia. Sin embargo, la impunidad de los responsables políticos sigue pendiente, recordándonos que la lucha por la justicia es permanente.
Alfredo S. Quiroga
