21/07/2026 22:13 - Politica
21 de julio de 2026 - Provincia de Buenos Aires
Un grupo de 19 legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO presentó este 21 de julio de 2026 un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que busca arancelar las prestaciones sanitarias en hospitales públicos y los estudios de grado en universidades estatales para personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país.
La iniciativa, liderada por el diputado Agustín Romo y apoyada por figuras como Juanes Osaba y Alejandro Rabinovich (PRO), toma como base las categorías migratorias de la Ley Nacional 25.871. Su objetivo principal es priorizar a los bonaerenses y administrar con mayor eficiencia los fondos públicos, destinando lo recaudado a mejorar la infraestructura y equipamiento sanitario y educativo de la Provincia.
El proyecto establece que los extranjeros sin residencia permanente que requieran atención programada o habitual deberán acreditar un seguro de salud, la cobertura de un tercero o abonar el arancel correspondiente. El cobro se canalizaría a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), evitando la creación de nueva burocracia. Los fondos ingresarían al Fondo Provincial de Salud para comprar insumos y mejorar los hospitales.
El texto es claro en proteger la salud pública y la vida humana: ninguna persona será rechazada, demorada ni condicionada en casos de urgencia o emergencia con riesgo inminente para la vida. El recupero de costos se tramitará recién después de estabilizar al paciente. También quedan eximidas las víctimas de trata de personas y las campañas de vacunación y control de enfermedades transmisibles.
En el ámbito educativo, el proyecto solicita a las universidades provinciales de gestión estatal que fijen aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Cada institución, a través de sus órganos superiores, definirá los montos y modalidades de pago respetando su autonomía.
Al ser una ley provincial, la iniciativa no alcanza a las universidades nacionales (como la UNLP o la UTN). Comprendería únicamente a las universidades de jurisdicción bonaerense, como la Universidad Provincial de Sudoeste (UPSO) y la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE).
El proyecto contempla una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud y las universidades deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones, montos facturados, exenciones y el destino de los recursos, sin revelar datos personales. Además, invita a los municipios con establecimientos de salud propios a adherirse al régimen.
Si la ley es aprobada, el Poder Ejecutivo provincial tendrá 90 días corridos para reglamentarla, publicar el nomenclador arancelario y fijar las reglas de facturación, demostrando un compromiso con una transición ordenada y planificada.
“No le negamos la atención médica de urgencia a nadie porque la vida es lo primero, pero es momento de terminar con la gratuidad para extranjeros no residentes en servicios programados o carreras de grado; cada peso recaudado irá a equipar nuestros hospitales, mejorar las guardias e invertir en nuestras facultades”.
Alfredo S. Quiroga
