El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó este viernes que la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional no modificará los derechos adquiridos por los empleados. La postura del mandatario se suma a la voluntad de otros gobernadores peronistas de acompañar la iniciativa, mientras se debate su impacto en la modernización del mercado de trabajo argentino.

Posición del gobernador tucumano

En una entrevista concedida a La Gaceta, Osvaldo Jaldo afirmó que la modernización laboral propuesta por el presidente Javier Milei no tocará los derechos adquiridos de los trabajadores en la provincia. "Los derechos que ya poseemos, los mantenemos. La reforma busca mayor flexibilidad y competitividad, sin achicar la protección social", subrayó el mandatario.

Reacción de otros gobernadores peronistas

El mismo día, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, manifestó su predisposición a acompañar la reforma, siempre que se respete la legislación vigente y se garantice la lectura cuidadosa de la nueva normativa. En Salta, la autoridad subrayó la necesidad de leer la ley antes de su aplicación, reforzando la idea de que la reforma no implica recortes en los beneficios laborales.

Contexto de la reforma laboral de Milei

El presidente Javier Milei impulsó una serie de cambios cuyo objetivo es?modernizar el mercado de trabajo argentino: simplificar contratos, reducir la carga impositiva para empleadores y promover la contratación temporal en sectores estratégicos. La iniciativa, conocida como reforma laboral, ha generado debates intensos entre partidos políticos, sindicatos y analistas económicos.

Implicancias para los trabajadores tucumanos

Según Jaldo, la reforma podría favorecer la creación de empleo al reducir trabas burocráticas, sin afectar la seguridad jurídica de los empleados actuales. El gobernador expresó su intención de organizar la fuerza política provincial para garantizar que la implementación respete los derechos laborales consolidados.

Conclusión

La postura unificada de los gobernadores de Tucumán y Salta muestra una disposición al diálogo y a la adaptación de la normativa nacional, siempre bajo la premisa de proteger a los trabajadores. El debate continuará mientras se define el alcance de la reforma y se evalúan sus efectos en la economía regional.

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