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07/11/2025 17:34 • SOCIALES • SOCIALES
En noviembre de 2025 el Ejecutivo nacional presentó un nuevo paquete de recursos dirigido a los prestadores de servicios para la comunidad de personas con discapacidad. El objetivo oficial era reforzar la cobertura de terapia ocupacional, asistencia personal y equipamiento especializado, áreas críticas para la inclusión plena.
El Consejo Nacional por la Discapacidad (CND), organismo consultivo integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, usuarios y familiares, emitió un comunicado calificando el aumento como "insuficiente". Según su evaluación, el monto anunciado cubre apenas un 30?% de la brecha de financiamiento existente, dejando un 70?% de necesidades sin atender.
Varias ONG y asociaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas la Confederación Argentina de Discapacidades (CAD) y la Federación de Entidades de Personas con Necesidades Especiales (FEPNE), respaldaron el diagnóstico del CND. Señalaron que la falta de recursos compromete la continuidad de tratamientos, la adquisición de tecnología asistiva y la contratación de personal especializado.
Para los beneficiarios, la medida podría traducirse en recortes de horas de terapia, demoras en la entrega de dispositivos de apoyo y una mayor carga económica para las familias. Los prestadores advierten la posibilidad de recortes de personal y cierre parcial de centros especializados, lo que agravaría la vulnerabilidad de más de 300 estudiantes con discapacidad que dependen de programas estatales, según informó La Nación.
El Consejo por la Discapacidad insta al Gobierno a revisar urgentemente la asignación presupuestaria, proponiendo un incremento que cubra al menos el 100?% de la brecha identificada. Además, solicitan la creación de un fondo de contingencia y la implementación de mecanismos de monitoreo transparente para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los usuarios.
El CND es un órgano consultivo creado por la Ley Nacional de Discapacidad (Ley 24.901) que asesora al Estado en la formulación y seguimiento de políticas públicas para la inclusión. Su composición incluye representantes de organizaciones de la sociedad civil, profesionales del sector salud y personas con discapacidad, garantizando una visión integral.