El exfiscal regional de Rosario, Patricio?Serjal, recibió una condena de nueve años de prisión por liderar una trama de corrupción vinculada al juego clandestino. El fallo, dictado el 5 de noviembre de 2025, marca un hito en la lucha contra la impunidad en la justicia provincial y ha generado reacciones en la esfera política y social.

Antecedentes del caso

Patricio?Serjal se desempeñó como fiscal regional de Rosario entre 2015 y 2021. Durante su gestión, la Fiscalía fue acusada de haber facilitado la expansión de un circuito de juego clandestino que operaba en varios barrios de la ciudad, empleando contactos públicos para proteger a los organizadores y desviar fondos públicos.

Sentencia

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de Rosario, a través de la Cámara de Apelaciones, dictó sentencia el 5 de noviembre de 2025. Serjal fue condenado a nueve años de prisión efectiva y a una inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas. Además, se le impuso el embargo de sus bienes y el pago de una multa de US$ 250.000 en concepto de reparación del daño.

Reacciones institucionales

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) calificó el fallo como “valiente” y “un paso esencial para la reparación institucional”. La Procuradora General, Ana?López, destacó que la decisión refuerza el compromiso del Estado con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por su parte, el exjefe de la Unidad de Investigación Anticorrupción de la Provincia, Leopoldo?Vranicich, afirmó que la condena “repara la confianza ciudadana” y sirve de “anticuerpo” interno para futuras investigaciones.

Contexto del juego ilegal

El juego clandestino en la región de Rosario ha sido una actividad lucrativa para organizaciones criminales y grupos vinculados a funcionarios públicos. Se estimaba que, en su apogeo, el circuito generaba ingresos de alrededor de US$ 3 millones al año, repercutiendo en la economía informal y desincentivando la inversión legal.

Impacto y perspectivas

La condena de Serjal envía una señal clara a los funcionarios que intenten utilizar su cargo para fines ilícitos. Los analistas de la Universidad Nacional de Rosario esperan que el caso sirva de precedente para fortalecer los controles internos en la Fiscalía y otros órganos de gobierno.

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