11/11/2025 15:47 - Economia
El 22 de diciembre de 2018 el Congreso federal entró en receso sin aprobar un presupuesto, provocando el cierre gubernamental más extenso registrado, que finalizó el 25 de enero de 2019. Durante ese periodo, aproximadamente 800 mil empleados federales fueron enviados a la huelga sin remuneración y varios servicios esenciales continuaron de forma limitada.
El Bureau of Economic Analysis estimó que el cierre costó alrededor de 11 mil millones de dólares al PIB real, una contracción que se reflejó en los datos del cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019.
Se estimó que más de 3 mil millones de dólares en salarios fueron retenidos, lo que redujo el poder de compra de los trabajadores federales y generó una caída temporal en el consumo de bienes y servicios.
El Servicio de Impuestos Internos tuvo que postergar la devolución de millones de declaraciones, afectando a contribuyentes que dependían de esos ingresos para cubrir gastos esenciales.
Más de 6 mil millones de dólares en pagos de Seguridad Social, Medicare y otros programas se vieron afectados, generando incertidumbre entre jubilados y beneficiarios.
Los cierres parciales de parques nacionales y monumentos redujeron la afluencia de visitantes, disminuyendo los ingresos locales en regiones dependientes del turismo.
Los contratos con empresas privadas fueron suspendidos, retrasando proyectos de infraestructura, investigación y desarrollo, lo que provocó pérdidas adicionales para la industria y retrasó la innovación.
El episodio mostró cómo la paralización del poder ejecutivo puede desencadenar efectos dominó en toda la economía. Los legisladores han señalado la necesidad de mecanismos más robustos para evitar futuros cierres que pongan en riesgo la estabilidad financiera del país.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones