Un conjunto de cuadernos manuscritos, mensajes de chat y pruebas judiciales revelaron una compleja maniobra de direccionamiento de licitaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que habría desviado más de $48.000 millones, generando detenciones y pedidos de captura contra funcionarios y empresarios vinculados al caso.

Antecedentes del caso

Durante los últimos meses, investigaciones periodísticas de Clarin.com, La Nación y Página 12 pusieron al descubierto una red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los hallazgos se basan en cuadernos manuscritos, registros de chats de WhatsApp y documentos oficiales que demuestran cómo se seleccionaron empresas afines a funcionarios para adjudicarles contratos de obra y equipamiento.

Cómo funcionaba el esquema

El esquema consistía en direccionar licitaciones a empresas previamente convenidas, sin seguir los procedimientos de licitación pública. Los contratos, cuyo valor total supera los $48.000 millones (pesos argentinos), fueron aprobados mediante resoluciones internas manipuladas. En algunos casos, se utilizaron empresas pantalla para canalizar fondos y luego devolver una parte como coimas a funcionarios de la ANDIS.

Investigación judicial y medidas cautelares

El Fiscal Federal Luis Picardi solicitó la detención de varios implicados, entre ellos Diego Spagnuolo (exdirector de la ANDIS) y Javier Atchabahian (exministro de Seguridad). La Justicia dictó órdenes de captura y medidas de aseguramiento de bienes por un total estimado de $43.000 millones, cifra que corresponde a los recursos supuestamente desviados en la etapa inicial del plan.

Principales actores involucrados

• Diego Spagnuolo: exdirector de la ANDIS, implicado como organizador central del esquema.
• Javier Atchabahian: exministro de Seguridad, acusado de favorecer a empresas vinculadas al esquema.
• Empresas contratistas: varias compañías del sector construcción y tecnología que recibieron los contratos sin licitación.
• Funcionarios de la ANDIS: responsables de la autorización y firma de los acuerdos.

Repercusiones y expectativas

El caso está generando un amplio debate sobre la necesidad de reformar los procesos de contrataciones públicas y fortalecer los mecanismos de control interno en organismos estatales. Se anticipa la apertura de una causa penal contra los responsables y la posible recuperación de parte de los fondos desviados mediante procesos de confiscación.

Próximos pasos

Las autoridades judiciales continuarán ampliando la investigación, mientras que la opinión pública exige mayor transparencia y la implementación de auditorías independientes en la ANDIS. El proceso judicial puede extenderse varios meses, pero ya ha sentado un precedente importante para la lucha contra la corrupción en la gestión de recursos del Estado.

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