20/11/2025 18:03 - Politica
En noviembre de 2025 la Dirección Nacional de Vialidad, organismo encargado del mantenimiento de las rutas argentinas, anunció que cobraría un canon de $560.000 a una congregación católica que pretendía utilizar una sección de la Ruta Nacional 12 para una peregrinación desde Misiones. La medida, justificada como “cobertura de costos operativos y de seguridad”, generó una ola de críticas al considerarse un impuesto al ejercicio libre de la fe.
La diputada Victoria Villarruel, integrante del bloque de la oposición, se pronunció en su cuenta de Twitter el 12 de noviembre de 2025, llamando al cobro una "insensatez" y señalando que “la libertad religiosa no puede ser gravada como si fuera un peaje de carretera”. Villarruel añadió que la medida vulnera la Constitución y el artículo 14 que garantiza la libre práctica de la religión.
La arquidiócesis involucrada expresó su "indignación" a través de un comunicado oficial, calificando el canon de "un abuso del poder estatal" y solicitando su inmediata anulación. Numerosos feligreses y organizaciones de derechos humanos se sumaron a la protesta, generando un intenso debate en Twitter, Instagram y Facebook bajo los hashtags #CobroInjusto y #LibertadDeCulto.
Vialidad argumenta que el canon cubre gastos de señalización, patrullaje y mantenimiento de la banquina utilizada durante la procesión. Sin embargo, expertos en derecho administrativo señalan que la normativa vigente permite cobrar derechos de uso de la vía solo cuando existen daños directos o necesidad de reparación urgente, lo cual no se habría demostrado en este caso.
El episodio pone en relieve la tensión entre la gestión de infraestructura pública y la libertad religiosa, y plantea la pregunta de si el Estado debe cobrar a los ciudadanos por la simple utilización de una vía pública para actos de fe. Mientras se espera una respuesta oficial de Vialidad, la polémica sigue alimentando el debate nacional sobre la separación entre Iglesia y Estado.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones