La prominente defensora de los derechos humanos, Estela de Carlotto, calificó de inadecuada la reciente nombramiento de Carlos Presti al Ministerio de Defensa, argumentando que la figura no corresponde a la naturaleza del cargo y remarcó la prohibición legal de que militares ejerzan funciones políticas.

Contexto político

El gobierno nacional anunció la designación de Carlos Presti, exdiputado y exalcalde de San?Miguel, como nuevo ministro de Defensa en noviembre de 2025. La medida generó un intenso debate en el Congreso y en la sociedad civil debido a la sensibilidad que rodea la relación entre las fuerzas armadas y la política en Argentina.

Reacciones de la Sociedad Civil

Estela de Carlotto, figura emblemática del movimiento por los Derechos Humanos y presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, salió a la palestra y sostuvo que "no corresponde" que Presti ocupe el Ministerio de Defensa. Carlotto argumentó que el cargo debería estar reservado a civiles con experiencia específica en defensa y que la designación podría vulnerar la normativa que prohíbe la participación política de personal militar activo.

Postura del Ejecutivo y de otros políticos

El presidente defendió la decisión diciendo que Presti posee la experiencia administrativa necesaria para enfrentar los desafíos del sector, como la disputa salarial del personal militar y la crisis de la obra social de la defensa. Por su parte, Álvaro Oscar Aguad, presidente de la Cámara de Diputados, recordó que la ley impide que los militares se involucren en la política y que la designación debe respetar ese marco constitucional.

Opiniones de la comunidad militar y analistas

Voces dentro del Ejército, entre ellas el exjefe del Ejército durante el kirchnerismo, Juan Milani, manifestaron su apoyo al nombramiento, señalando la capacidad de gestión de Presti. Analistas de defensa advierten que la polémica podría afectar la relación civil?militar y la percepción internacional de la estabilidad institucional del país.

Próximos pasos

El debate continuará en las comisiones del Congreso, donde se evaluarán los aspectos legales y políticos del nombramiento. Mientras tanto, Estela de Carlotto y otras organizaciones de derechos humanos mantendrán la presión para que se revise la designación y se garantice el respeto a la normativa vigente.