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25/11/2025 12:03 • SOCIALES • SOCIALES
En noviembre de 2025 la agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, identificada como "Agente X", fue suspendida luego de que su cuenta de TikTok y otras redes sociales mostraran videos con contenido sexual, siempre vistiendo el uniforme policial. La medida disciplinaria se tomó bajo la normativa interna que prohíbe el uso del distintivo oficial para promocionar actividades remunerativas externas.
En una entrevista exclusiva, la agente explicó que decidió crear un perfil en la plataforma OnlyFans – un sitio donde los creadores venden contenido exclusivo a sus suscriptores – por una cuestión de necessidad económica. “El sueldo que percibo como agente de la Policía de la Ciudad es muy bajo; no alcanza para cubrir los gastos básicos”, afirmó. Según su testimonio, en el primer mes de actividad facturó aproximadamente $6?millones de pesos, cifra que contrasta fuertemente con el ingreso mensual promedio de un agente, que ronda los $600?mil.
El convenio colectivo de la Policía de la Ciudad establece un salario bruto que, para escasos años, ha quedado estancado frente a la inflación. Expertos en política salarial indican que el poder adquisitivo de los guardias ha disminuido un 30?% en los últimos cinco años, lo que genera presión sobre algunos miembros para buscar ingresos complementarios.
El caso ha despertado un amplio debate en la opinión pública y entre dirigentes policiales. Por un lado, se denuncia la vulneración de la ética institucional; por otro, se apunta a la necesidad de revisar las escalas salariales y los beneficios sociales del cuerpo policial. Organizaciones de derechos laborales han solicitado al Gobierno de la Ciudad iniciar una mesa de diálogo para evaluar ajustes salariales y medidas de acompañamiento.
Además de la suspensión administrativa, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación formal para determinar si la agente infringió normas de conducta y si existió algún tipo de explotación sexual comercial en la difusión de los videos. Algunos medios han mencionado la posibilidad de una red más amplia que involucre a varios servidores públicos, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas concluyentes.
El escándalo pone de relieve la tensión entre la necesidad económica de los funcionarios y los límites éticos que la institución impone. Mientras la agente continúa bajo suspensión, el caso podría impulsar reformas salariales y reforzar los protocolos de uso de redes sociales por parte de los cuerpos de seguridad.