Una diputada del PRO protagonizó un polémico acto antivacunas dentro del edificio del Congreso, generando una ola de rechazo de autoridades sanitarias, legisladores y la sociedad civil. El evento, catalogado como pseudocientífico, revive el debate sobre la desinformación en salud y pone en el foco la responsabilidad de los representantes políticos en la promoción de la vacunación.

Antecedentes y contexto

En los últimos años, Argentina ha consolidado uno de los calendarios de vacunación más avanzados de América Latina, respaldado por la Organización Mundial de la Salud. La pandemia de COVID?19 reforzó la importancia de la inmunización, pero también dio pie a grupos antivacunas que difunden teorías sin fundamento.

El acto dentro del Congreso

Durante una sesión ordinaria, una diputada del PRO organizó un encuentro al que denominó "hombre imán", bajo la premisa de que la energía corporal puede neutralizar virus. El evento contó con la presencia de seguidores que portaban pancartas contra la vacunación y se realizó en la sala de sesiones, cubriendo partes del recinto con mantas y objetos decorativos que aludían a la "magnetoterapia".

Reacciones y repudio

El acto generó un rechazo inmediato. Legisladores de distintas bancas calificaron la iniciativa de "pseudociencia" y "peligro para la salud pública". El ministro de Salud, nombre del ministro, emitió un comunicado subrayando la necesidad de respetar el calendario de vacunación y denunció la difusión de información errónea.

Posición del Ministerio de Salud

El Ministerio recordó que las vacunas son la herramienta más eficaz para prevenir enfermedades infecciosas y que el país dispone de cobertura para más de veinte enfermedades, incluyendo sarampión, poliomielitis y la influenza estacional. Además, invitó a la población a consultar fuentes oficiales como el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

Impacto político y social

El incidente reavivó el debate sobre la responsabilidad de los representantes electos al promover mensajes de salud. Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos demandan que el Congreso establezca normas claras que impidan la realización de actos que contradigan la política sanitaria nacional.

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