Contexto político y objetivo de la reforma

La imprescriptibilidad consiste en eliminar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción, lo que permitiría perseguir y sancionar actos ilícitos cometidos en cualquier momento, incluso años después de su ocurrencia. El Gobierno de Javier?Milei, que asumió el 10?de?diciembre?de?2023, impulsó varios proyectos para introducir esta medida, argumentando que la lucha contra la corrupción necesita herramientas más duraderas.

Situación actual en el Congreso

Según informes de La Nación, los proyectos presentados tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado no han superado la fase de discusión. En la Cámara, los textos quedaron detenidos en la comisión de Seguridad y Justicia, mientras que en el Senado fueron archivados por falta de acuerdo entre los bloques mayoritarios y la oposición.

Los legisladores de la coalición oficialista, conformada por La Libertad Avanza y sus aliados, han señalado que la falta de consenso se debe a la resistencia de sectores del Frente de Todos y de la Unión por la Patria, que consideran la medida excesiva y temen que pueda ser utilizada con fines políticos.

Repercusiones y opiniones

Organizaciones de la sociedad civil y la prensa han calificado la parálisis como un retroceso en la lucha contra la corrupción. Expertos legales explican que, sin una reforma que elimine la prescripción, los procesos judiciales pueden quedar fuera de tiempo, limitando la efectividad de las investigaciones.

Por su parte, el Ejecutivo ha reiterado su intención de volver a presentar los proyectos en la próxima agenda legislativa, buscando mayor respaldo dentro del Congreso y aprovechando la presión social generada por recientes casos de escándalos de corrupción.

Próximos pasos

Se espera que los proyectos vuelvan a la mesa en el próximo mes de febrero?de?2026, cuando el Congreso abre sus sesiones ordinarias. Mientras tanto, la discusión sobre la imprescriptibilidad sigue abierta en la esfera pública y en los medios de comunicación.