05/12/2025 09:06 - Politica
El lunes 4 de diciembre de 2025, buques de la Marina de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra una embarcación que, según la Oficina de Control de Drogas (DEA), estaba involucrada en el transporte de grandes cantidades de cocaína desde América del Sur hacia el Caribe y Norteamérica. La acción se desarrolló en zona marítima internacional, a aproximadamente 350 millas náuticas de la costa de Panamá.
El ataque dejó cuatro personas fallecidas. Según el informe preliminar, los muertos fueron miembros de la tripulación del barco interceptado. Otros dos tripulantes resultaron heridos y fueron trasladados a un buque estadounidense para recibir atención médica.
El almirante John?Miller, comandante de la Fuerza Operacional Antidrogas del Pacífico, explicó que la embarcación fue identificada como una “narcolancha”, término coloquial que se refiere a lanchas rápidas utilizadas para el tráfico de drogas. Miller afirmó que la intervención siguió los protocolos internacionales y que la operación estaba destinada a impedir la descarga de narcóticos en territorio estadounidense.
El Congreso de los Estados Unidos abrió una nueva ronda de audiencias para investigar el operativo, impulsado por la polémica suscitada en medios como La Nación y CNN en Español. Los legisladores demandan mayor claridad sobre la autorización de acciones en aguas internacionales y la existencia de posibles violaciones al derecho marítimo.
Organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos latinoamericanos han expresado su preocupación respecto a lo que denominan una “guerra contra el narcotráfico” que podría escalar en conflictos armados. El Vaticano, a través de su oficina de noticias, subrayó la necesidad de soluciones multilaterales y respetuosas del derecho internacional.
Desde la administración de 2021, EE.UU. ha intensificado sus operaciones marítimas en el Pacífico, incrementando el número de intercepciones y el uso de tecnología de vigilancia satelital. Sin embargo, críticos señalan que la efectividad de estas acciones es debatible y que el número de muertos vinculados a los operativos ha aumentado, superando los 80 fallecidos en los últimos dos años según informes de El País.
El debate sigue abierto: mientras algunos defienden la medida como necesaria para combatir el flujo de drogas, otros la consideran una violación de la soberanía y los derechos humanos.
Alfredo S. Quiroga
Conspiraciones